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La Procuraduría General presentó el informe de seguimiento del Acuerdo de Paz, en el que sostuvo que aún persisten incumplimientos en las metas de reparación colectiva a las víctimas y la reubicación de la población desplazada por el conflicto armado.
El órgano de control indicó que las víctimas siguen encontrando dificultades para acceder a las ofertas de reparación en las zonas rurales dispersas.
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La Procuraduría reiteró la importancia de una mayor articulación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con las medidas de reparación integral para las víctimas de desplazamiento forzado.
Según el informe del organismo, de las 33.007 iniciativas planteadas en los PDET, solo el 0,5 % se cruzaron con acciones de los Planes de Retorno y Reubicación.
Sobre la formalización de tierras, el informe registró que de siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad, el avance logrado hasta el momento fue del 35,8 %.
Además, advirtió que la información reportada por algunas entidades no permite reconocer en su totalidad las orientaciones sexuales e identidades de género de los beneficiarios.
En relación con el proceso de reincorporación social y económica, el informe evidenció inestabilidad en los contratos de vivienda suscritos dentro de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR).
El informe señala que se identificó un alto número de procesos no ejecutados debido a obstáculos administrativos o de seguridad en los territorios.
Sobre las garantías de seguridad, el informe señaló que se incrementaron las afectaciones a los firmantes de paz que actualmente cuentan con medidas de protección.
No obstante, reconoció importantes avances, como la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y el incremento de mujeres en los cuerpos de seguridad.
Finalmente, la Procuraduría llamó la atención sobre el Plan de Atención Inmediata (PAI), que sigue siendo el único componente implementado del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
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La Procuraduría evaluó el impacto de 451 recomendaciones emitidas por el Ministerio Público en el Quinto Informe. De estas, el 49 % fueron acogidas totalmente, el 33 % aceptadas parcialmente y el 18 % no fueron acogidas.
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