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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negaron el sometimiento ante este tribunal del sargento retirado Ferney Ulmardín Causayá Peña, sobre quien pesa una condena de 40 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición forzada agravada de la exguerrillera del M-19 Irma Franco Pineda y los trabajadores del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.
La JEP advirtió que la negativa del militar (r) a aceptar responsabilidad y la insuficiencia de sus aportes al esclarecimiento de la verdad justifican plenamente su exclusión del sistema transicional y la remisión de su caso a la justicia ordinaria.
"Esta subsala negará definitivamente el sometimiento a la JEP del señor SM (R) Ferney Ulmardín Causaya Peña, exclusivamente por los hechos relacionados con el asalto armado del Palacio de Justicia y los comportamientos de la fuerza pública que se derivaron de estos", indicó la JEP.
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La JEP señaló que la exclusión del Sargento retirado responde a un imperativo jurídico para garantizar que el sistema transicional cumpla con sus objetivos fundamentales y mantenga la confianza de las víctimas y de la sociedad.
Los magistrados enfatizaron que la falta de información proporcionada por el militar retirado no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también debilita los principios de justicia restaurativa y reparación que sustentan el sistema transicional.
"Los familiares de las personas desaparecidas forzadamente en el marco de la toma y retoma del Palacio de Justicia tienen derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido, incluyendo la ubicación de los cuerpos y la identificación de los responsables", señaló la JEP.
Para los magistrados la falta de información específica sobre la planificación de las operaciones armadas y de inteligencia, aunada a las posibles irregularidades en la cadena de mando o en las instrucciones emitidas durante los eventos cuestionados restringe severamente el valor de sus aportes para la justicia transicional.
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"El relato del compareciente no ha incluido elementos nuevos ni relevantes que permitan avanzar en la comprensión de los hechos, identificar la suerte de las víctimas de desaparición forzada o determinar las responsabilidades de otros actores involucrados en las violaciones graves de derechos humanos durante los eventos del Palacio de Justicia", agregó.
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