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El 8 de enero de 2023, partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en la sede del Congreso en señal de protesta por el triunfo en las urnas del actual presidente Lula Da Silva.
Los tres edificios públicos ubicados en La Plaza de los Tres Poderes sufrieron daños y algunos objetos fueron robados. Este miércoles empezaron los juicios contra algunos de los cientos de arrestados tras este acto vandálico.
Alexander de Moraes, juez de la suprema corte de Brasil, mencionó: "en enero 8, 243 personas fueron arrestadas en el acto dentro de edificio públicos y en la plaza de los tres poderes. En enero 9, 1927 personas fueron llevadas a la Academia Nacional de Policía."
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La Corte Suprema de Brasil dejó al borde de la cárcel al primero de los acusados por la para quien el juez instructor propuso una pena de 17 años, aunque el revisor sugirió rebajar esa posible condena a solo dos años y seis meses.
Apoyado en vastas pruebas documentales, De Moraes dijo que "no hay dudas" sobre la "acentuada" responsabilidad del acusado, Costa Pereira, en los delitos de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público.
En el caso del primer acusado, dijo que "no existen pruebas" concretas sobre su "actuación vandálica" y desestimó la acusación de golpe de Estado, pues en su opinión "no llegó a configurarse", hasta porque no hubo "adhesión" de las Fuerzas Armadas al movimiento.
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En ese marco, propuso condenar a Costa Pereira sólo por daño calificado y deterioro del patrimonio, delitos para los que sugirió una pena de dos años y seis meses de prisión.
En su voto, De Moraes también rechazó uno de los alegatos de la defensa de Costa Pereira, que negó que se hubiera producido un intento de golpe pues los "manifestantes" no estaban armados y además puso en duda la competencia del Supremo para juzgar esos hechos.
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El abogado defensor Sebastião Coelho da Silva dijo que el proceso debía realizarse en un tribunal ordinario de primera instancia y no en la Corte Suprema, sobre la cual afirmó que es "ilegítima" para ese caso.
Una vez dictada sentencia, el tribunal juzgará individualmente a otros tres acusados, igual que hará posteriormente con cada uno de los imputados, pues el derecho brasileño no contempla las llamadas "responsabilidades colectivas".
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