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La Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Acción Climática concluyó en Ciudad de México con un llamado a transformar el sistema financiero internacional y a priorizar la justicia climática. La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, advirtió que la transición energética no puede realizarse a costa de más deuda pública. Durante su intervención, señaló que los proyectos concesionales suelen convertirse en compromisos financieros que aumentan la vulnerabilidad de los países. En ese sentido, planteó la necesidad de mecanismos de financiamiento más justos y oportunos.
La Declaración Ministerial de Ciudad de México reafirmó la unidad regional de cara a la COP30 de Cambio Climático, a realizarse en Belém, Brasil, y resaltó el papel de la Amazonía en la lucha contra la crisis climática. Los gobiernos coincidieron en consolidar un bloque que impulse una transición justa y la protección de los ecosistemas amazónicos.
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Vélez Torres también enfatizó que los canjes de deuda deben incluir inversión social como base de las transiciones justas. Según indicó, solo con este enfoque será posible superar la vulnerabilidad climática y dejar atrás el modelo extractivista predominante en la región.
El presidente designado de la COP30, André Corrêa do Lago, reconoció el liderazgo de Colombia en la Cumbre Amazónica. Recordó que esta reunión fue convocada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como un espacio inicial de coordinación entre los países amazónicos, que luego se amplió hacia iniciativas regionales como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, reafirmó el compromiso de su país con el régimen multilateral de cambio climático. Llamó a fortalecer la acción climática regional bajo los principios de la Declaración de Río y del Acuerdo de París, destacando que este año se cumplen diez años de la firma de dicho acuerdo.
Colombia presentó tres avances clave durante el encuentro. En primer lugar, consolidó consenso con pueblos y comunidades para que las negociaciones climáticas incluyan sus derechos y mandatos. En segundo lugar, logró que la declaración ministerial incorporara propuestas como la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles, financiamiento climático sin incremento de deuda externa y la centralidad de los derechos humanos. Finalmente, acordó junto a México organizar un seminario regional sobre minería, enfocado en frenar la expansión extractiva y garantizar cierres mineros justos.
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El documento final destacó además la necesidad de mecanismos de financiamiento estables y reconoció el rol de Brasil como presidencia de la COP30. Los países reafirmaron la importancia de defender el régimen multilateral como vía para enfrentar conjuntamente la crisis climática.
