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La tenencia de gatos en conjuntos residenciales en Colombia está regulada principalmente por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).
Esta normativa establece las responsabilidades de los propietarios de animales domésticos, incluidos los felinos, con el fin de garantizar una convivencia armónica en espacios compartidos y prevenir conflictos entre residentes.
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Una de las disposiciones clave de la ley se refiere a la restricción de la libre circulación de los gatos por las áreas comunes. Permitir que un gato deambule sin control constituye una infracción. Aunque a menudo se asocia con perros, el Código aplica igualmente a los felinos. Se espera que los propietarios mantengan el control de sus mascotas para evitar molestias.
Los artículos 116, 117 y 118 del Código abordan la tenencia de animales domésticos en propiedades horizontales. En particular, el artículo 118 establece que los gatos deben ser transportados en maletines o con collares especiales cuando estén en el espacio público o zonas comunes permitidas.
El artículo 116 contempla medidas correctivas por comportamientos que atenten contra la convivencia, como permitir que un animal circule sin supervisión. Por su parte, el artículo 117 señala que la presencia de mascotas en las edificaciones está sujeta a la reglamentación interna del conjunto residencial.
Sanciones por permitir que un gato deambule en zonas comunes
Los propietarios que permitan que sus gatos deambulen sin control por las áreas comunes pueden enfrentar sanciones económicas y disciplinarias. Según el artículo 116, una primera medida correctiva es la participación en actividades pedagógicas o programas comunitarios de convivencia. No obstante, si el animal causa daños o representa un riesgo, la autoridad puede imponer multas económicas.
El artículo 118 establece que dichas multas pueden ser de hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2025 equivale a $189.800. Además, los consejos de administración pueden aplicar multas internas, aprobadas en la asamblea de copropietarios y registradas en los estatutos del conjunto. Estas pueden superar los $700.000, dependiendo de la gravedad de la infracción.
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La responsabilidad por los perjuicios causados por el animal recae exclusivamente sobre su propietario. Esto incluye daños materiales, peleas con otros animales o molestias a los vecinos.
Los residentes afectados por un gato que circula sin control y genera incomodidades pueden presentar una queja formal ante el consejo de administración. Si no se toman medidas, es posible elevar el caso a una denuncia ante la Policía Nacional, que está facultada para imponer sanciones conforme al Código.
El objetivo de estas disposiciones es fomentar una convivencia respetuosa en entornos residenciales. Los propietarios deben garantizar que sus animales no afecten la tranquilidad de los demás ni causen daños, contribuyendo así a un entorno más seguro y armónico.
