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La defensora del pueblo, Iris Marín, alertó sobre la preocupante situación de orden público que persiste en la región del Catatumbo, donde, según la funcionaria, continúa vigente una crisis humanitaria y de derechos humanos derivada de un conflicto armado activo entre grupos ilegales como el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
En declaraciones entregadas a La FM de RCN, Marín afirmó que aunque los niveles de desplazamiento forzado se han reducido respecto a los primeros meses del año, la confrontación armada no ha cesado y sigue afectando directamente a la población civil, especialmente en municipios como Tibú y El Tarra.
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“La situación en el Catatumbo sigue siendo preocupante, tenemos una crisis de derechos humanos que continúa. De pronto no con los niveles tan altos de desplazamiento forzado que veíamos en enero o febrero, pero continúa un conflicto armado vigente, fuerte, con un reacomodamiento del Frente 33”, explicó.
La Defensoría expresó especial preocupación por la implementación de una zona de ubicación temporal anunciada por el Gobierno Nacional en el marco de la ley de paz total. Aunque Marín reconoció que esta figura está contemplada dentro de las facultades del Ejecutivo, advirtió que su aplicación en el Catatumbo implica riesgos elevados para la población civil y para los propios miembros del grupo armado que serían concentrados. “Allí se van a concentrar personas que van a continuar armadas en una zona donde hoy en día es el epicentro de la confrontación armada y de la guerra”, dijo.
Según Marín, la coexistencia de estos actores armados en un mismo territorio, donde actualmente se desarrolla una confrontación directa, puede intensificar la violencia. “Las disidencias del Frente 33 se están concentrando y el ELN los ve como enemigos. Además, en esa zona se van a desarrollar proyectos de transformación territorial con participación de las comunidades. Esto puede agravar el riesgo de la población civil, que ya de por sí está en un nivel alto”, sostuvo.
En ese sentido, la Defensoría cuestionó si el Gobierno evaluó con suficiente profundidad el contexto territorial antes de designar la ubicación de esta zona. “Desconozco las evaluaciones y la planeación que haya hecho el gobierno. Nosotros creemos que ahí hay un riesgo alto por la zona específica y por el hecho de que las personas de las disidencias van a continuar armadas”, señaló Marín.
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La funcionaria también se refirió al decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno como respuesta a la situación de orden público. Si bien reconoció que contempla medidas útiles para fortalecer la protección y la presencia institucional, insistió en que su implementación ha sido insuficiente. “Muchas veces vemos precariedad en la implementación, por ejemplo, en el tema de protección. Inclusive en algunos casos hemos tenido que acudir a la acción de tutela”, dijo.
Finalmente, reiteró que la fuerza pública ha incrementado su presencia en la región, pero aún no en la magnitud requerida para contrarrestar el control territorial que siguen ejerciendo los grupos armados ilegales. “El ELN sigue teniendo presencia fuerte en varios municipios del Catatumbo. Lo que vemos es que puede haber algunos esfuerzos institucionales, pero todavía no son suficientes para decir que se haya reversado la situación de riesgo. Seguimos en una guerra”, concluyó la defensora del pueblo.
