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En la tarde del viernes 13 de junio, el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2035, en el que anunció formalmente lo que ya se había anticipado durante la semana: la activación de la cláusula de escape para suspender por tres años la regla fiscal. El ministro Germán Ávila aseguró que esta medida busca evitar un ajuste brusco en el gasto público y avanzar de forma gradual hacia la consolidación fiscal.
Esta decisión se fundamenta en que el Gobierno nacional proyecta un aumento del gasto, pasando de $396 billones en 2024 a $418,8 billones en 2025. El incremento se explica por un alza de $13,1 billones en gasto primario y $9,5 billones en intereses de deuda. De este modo, el déficit fiscal estimado sería de -7,1 % del PIB y el déficit primario de -2,4 %, cifras que exceden el límite establecido por la regla fiscal.
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Algunos expertos han cuestionado con dureza la decisión del Ejecutivo. Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, afirmó en La FM de RCN Radio que la medida se sustenta en un decreto ordinario con “fuertes reparos jurídicos” y que no cumple las condiciones legales requeridas para suspender esta herramienta de disciplina fiscal.
“La Ley 1473 de 2011 establece que la regla fiscal solo puede suspenderse en situaciones de crisis económica o ante hechos sobrevinientes, como ocurrió durante la pandemia, cuando existía un estado de excepción constitucional. Ese no es el caso actual”, señaló el académico.
Efectos que tendrá la medida en la ciudadanía
La suspensión de la regla fiscal podría llevar a un aumento en el costo del endeudamiento, tanto para el Gobierno como para los ciudadanos. Al no existir un límite claro para el gasto, el Ejecutivo podría verse obligado a adquirir más deuda pública, posiblemente a tasas de interés más altas. Esto se traduciría en un aumento en el costo de los créditos de consumo, hipotecarios y empresariales, reduciendo la capacidad de compra e inversión de los colombianos y afectando su economía personal.
Por otra parte, la decisión podría generar incertidumbre en los mercados, desincentivar la inversión extranjera y provocar una salida de capitales. Esto, a su vez, ejercería presión alcista sobre el dólar, encareciendo productos importados como alimentos, medicinas y materias primas. El resultado sería un incremento en el costo de vida, con presiones inflacionarias que reducirían el poder adquisitivo de los salarios.
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Asimismo, la suspensión de la regla fiscal puede ser interpretada por los mercados como una señal de que el país no está comprometido con la disciplina fiscal. Esta percepción podría erosionar la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. La pérdida de credibilidad limitaría la llegada de capitales, afectando el crecimiento económico, la generación de empleo y, en consecuencia, la calidad de vida de los ciudadanos.
Además, un mayor endeudamiento del Gobierno, como consecuencia de la suspensión de la regla fiscal, implicaría destinar una proporción significativa de los recursos públicos al pago de intereses. Esto reduciría los fondos disponibles para programas sociales, infraestructura y servicios públicos como salud y educación. La disminución en la inversión social afectaría especialmente a las poblaciones más vulnerables, al limitar tanto el acceso como la calidad de estos servicios esenciales.
