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En mayo del 2012, el entonces superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García acompañado por el Secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán anunciaron desde Cartagena, que interpusieron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal sobre el robo de terrenos del Aeropuerto de Cartagena.
Se trataba de un lote al lado del aeropuerto Rafael Núñez, que había sido usurpado por Hernando Castillo, un diputado de Bolívar de la época y quien inicialmente tomó 2 mil metros del terreno y luego pasó a 22 hectáreas, usando un aparente "gemeleo" de matricula inmobiliaria. para apoderarse del terreno mayor avaluado en el país.
El abogado Eduardo del Río, defensor de terrenos de la nación manifestó que “mediante la corrupción de Agustín Codazzi e instrumentos público, este diputado logró apoderarse de los terrenos, que hoy es una ciudad. Terrenos que son de la nación”.
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El abogado cuestiona la manera en la que la Aeronáutica Civil permitió esta construcción, basándose en conceptos contrario de varios de sus funcionarios.
El 13 de agosto del 2008, Luis Fernando Zuluaga Torres director de Aerocivil, envía a la curaduría urbana el oficio donde dio concepto favorable para la construcción del proyecto de la “Bocana” aprobando una altura máxima de 48.5 mts.
Posterior, el 18 de noviembre del 2009, Andrés Forero Linares, secretario general de la Aeronáutica le envía a la curaduría número 1 el oficio donde le dice textualmente “agradecemos a usted se abstenga de hacer cualquier inscripción registro y otorgar cualquier permiso o autorización para construcción o mejora en los terrenos de la nación hasta cuando se puedan verificar los títulos’’.
“En consideración a que el proyecto de construcción de las edificaciones de particulares abarcaba terrenos de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de acuerdo con el contenido de la escritura número 430 de 1.956 de la notaría octava del círculo notarial de Bogotá", agregó.
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Pero extrañamente, el 16 de diciembre del 2009, un mes después el mismo, Forero Linares revoca su primer concepto, “como quiera que en la reunión adelantada en la secretaría general de la unidad entre el suscrito y representante legal de la sociedad PACO OLAS S.A. ustedes aclararon en forma expresa la localización exacta en la cual se construirá el proyecto Bocana centro comercial en terrenos de su propiedad”.
“La unidad no tiene reparo alguno sobre el mismo, por lo que consecuentemente expidió los permisos o autorizaciones de altura a través de la dirección de desarrollo aeroportuario según oficio 4400 y a 200-903-3345 del 13 de octubre del 2009”.
Teniendo en cuenta este último concepto, el curador uno le otorgó licencia de construcción a la empresa Paco Ola S.A, para que construya una ciudadela en ese terreno.
Pero el 4 de agosto del 2010, José Laureano Castro, abogado de la Aerocivil presenta un recurso de reposición contra la licencia de construcción argumentando que “la licencia es irregular por haberse aprobado su construcción en bienes de uso público de propiedad de la nación, de acuerdo a las escrituras 439 de 1956”.
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Se han presentado 60 pruebas, fue decretado de impacto de interés nacional y pese a varias tutelas para que se aplique justicia, el proceso está engavetadogenerándo un detrimento por más de 250 mil millones de pesos.
“Como defensores de bienes de uso publico presentamos una tutela pidiendo acciones a la fiscal, pero ella se justifico en que tenía muchos casos, que Bogotá la dejó sola, pero le insistimos y lo que obtuve fue que me abrió una investigación por solicitud de la misma Aeronáutica, porque tenía mucha información del caso, lo cual no es reservado”.
Añadió, “yo me entrevisté en Bogotá con el delegado del fiscal, Luis González y me dijo que esa fiscal tenía todo el apoyo para que practicara pruebas y sacara el caso adelante y que la decisión no se tomaba por voluntad de ella”.
Hoy, el terreno cuenta con una valla que indica el inicio del ambicioso proyecto inmobiliario que contará de viviendas, hospitales y universidades.
“La aeronáutica está en complicidad para el robo del terreno más avaluado en Colombia. Esto es un acto de corrupción y se han aliado aeronáutica, Igac y Fiscalía en Cartagena, para permitir la construcción de esta ciudadela en terrenos de la nación”, aseguró el abogado.
