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En operaciones coordinadas contra la explotación ilícita de minerales, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional intervino y destruyó unidades de producción minera ilegal en los municipios de San Roque y Remedios (antioquia), afectando significativamente las estructuras delincuenciales que operan en esta zona.
Las acciones se desarrollaron de manera simultánea. Una de ellas se realizó en la vereda Guacas Arriba, jurisdicción de San Roque, donde las autoridades lograron la intervención de cuatro unidades de producción. Durante el procedimiento fueron destruidas e inutilizadas cuatro dragas tipo buzo y ocho motobombas, equipos utilizados para extraer minerales de manera ilícita de las fuentes hídricas de la región.
Fuertes operativos contra la minería ilegal
De forma paralela, en la vereda Otu del municipio de Remedios, una nueva intervención permitió la afectación de dos unidades de producción adicionales, con la destrucción de seis dragas tipo buzo y doce motobombas. Estas operaciones refuerzan la presencia institucional y el control territorial en esta subregión del departamento de Antioquia.
El general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, destacó el impacto económico de los procedimientos.
"Estas acciones representan una afectación económica significativa a las estructuras dedicadas a la minería ilegal, con elementos incautados e inutilizados avaluados en aproximadamente $226 millones de pesos, debilitando su capacidad logística y operativa para continuar desarrollando esta actividad ilícita", dijo.
El oficial señaló que la minería ilegal es una de las actividades que genera mayores daños ambientales en el país, causando afectaciones graves a los ecosistemas, la contaminación de fuentes hídricas y la destrucción de la capa vegetal, debido al uso de maquinaria pesada y sustancias tóxicas como el mercurio.
Con estas intervenciones, la Policía busca contribuir directamente a la protección de los recursos naturales y el patrimonio ecológico del nordeste antioqueño.
Los operativos se ejecutaron bajo el amparo de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las actuaciones fueron puestas a disposición de las Inspecciones de Policía de los municipios correspondientes, garantizando el debido proceso.
