El extenso vínculo entre las Farc y el régimen chavista para ampliar su actuar criminal en Venezuela

Los detalles de la acusación contra Maduro, revelados por el Departamento de Justicia de EE. UU, sacan a la luz los nexos con las Farc.
Miembros de las Farc en Venezuela
'Iván Márquez' y otros miembros de las Farc, en Venezuela. Crédito: AFP

La incursión militar de Estados Unidos en Caracas para llevar a cabo la captura de Nicolás Maduro, abrió el camino para que las agencias de inteligencia del país norteamericano revelaran los informes sobre la presencia de los grupos criminales que actúan desde Venezuela.

Si bien esto no es una novedad para los investigadores, estos informes han detallado cómo, con el apoyo de militares muy cercanos al entonces presidente Hugo Chávez, y posteriormente a Nicolás Maduro, bandas criminales expandieron su control desde el vecino el país.

El Cartel de los Soles, el Tren de Aragua, el ELN y las disidencias de las Farc, los dos últimos colombianos, se convirtieron entonces en la prioridad para estas agencias de inteligencia que han seguido, por años, los pasos de los criminales que conforman sus filas.

Sin embargo, estos los detalles de estos nexos han salido a la luz en los últimos días, tras la captura del derrocado presidente venezolano.

Relación de las Farc con el régimen chavista

Tras el extenso escrito de acusación revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, se han conocido nuevos detalles de la prolongada relación entre las Farc y el régimen chavista, desde 1999 hasta la actualidad.

Desde finales de la década de 1990, Venezuela se consolidó como una pieza clave en la estructura internacional del narcotráfico, según una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que describe vínculos sistemáticos y prolongados entre altos funcionarios venezolanos y Farc.

De acuerdo con el documento judicial, desde 1999 funcionarios venezolanos de alto rango, entre ellos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, se asociaron con organizaciones catalogadas como narco-terroristas, incluyendo a las Farc, para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

El texto sostiene que estas alianzas permitieron la distribución de toneladas de droga, apoyadas en redes de corrupción estatal y protección política.

Las Farc, fundadas en 1964, son descritas en el documento como uno de los mayores productores de cocaína del mundo, una transformación que les permitió financiar durante décadas su estructura armada, compras masivas de armamento y ataques terroristas.

Según la acusación, los ingresos del narcotráfico fueron centrales para sostener la capacidad operativa del grupo guerrillero, así como su proyección internacional.

El Departamento de Justicia señala, además, que la relación entre las Farc y el Estado venezolano no fue circunstancial, sino parte de un esquema estructurado de cooperación.

Funcionarios corruptos habrían brindado protección, apoyo logístico y facilidades territoriales, permitiendo que la organización guerrillera operara fuera del alcance de las autoridades colombianas y de los esfuerzos antidrogas respaldados por Estados Unidos.

Entre 2003 y 2008, según el documento, el liderazgo de las Farc ordenó secuestros y asesinatos de ciudadanos estadounidenses, así como ataques contra intereses de Estados Unidos, con el objetivo de presionar a Washington para que abandonara las campañas de fumigación y desmantelamiento de su cadena de producción de cocaína.

Estas acciones reforzaron la percepción de la guerrilla como una amenaza transnacional.

Estratégica ubicación geográfica para narcotráfico

El documento judicial también destaca que la ubicación geográfica de Venezuela resultó fundamental para el esquema criminal.

Con acceso directo al mar Caribe, múltiples puertos estratégicos y una frontera extensa con las regiones montañosas de Colombia, donde se cultiva la coca, el país se convirtió en un corredor privilegiado para el tránsito de cocaína desde Sudamérica hacia mercados internacionales.

A partir de 1999, sostiene el texto, Venezuela pasó a funcionar como un refugio seguro para narcotraficantes, siempre que estuvieran dispuestos a pagar por protección y colaborar con funcionarios civiles y militares corruptos.

Esta dinámica permitió a las Farc, y a otros grupos, operar con mayor libertad, aprovechando la debilidad institucional y la complicidad estatal.

El Departamento de Justicia describe, además, cómo las ganancias del narcotráfico fortalecieron simultáneamente a las Farc y a sectores del poder venezolano.

Las organizaciones armadas no solo enviaban beneficios económicos a funcionarios de alto nivel, sino que también capitalizaban el aumento del valor de la cocaína a lo largo de cada punto de transbordo hasta llegar a Estados Unidos, donde la demanda es más alta.

En ese entramado, las Farc controlaban la producción de cocaína en Colombia, mientras Venezuela funcionaba como plataforma de tránsito, protección y redistribución, integrándose a una cadena criminal que incluía a carteles mexicanos y redes regionales.

La acusación presenta este esquema como una alianza sostenida en el tiempo, más que como episodios aislados de cooperación.

Según el texto, el empoderamiento de las Farc estuvo directamente vinculado al respaldo recibido desde Venezuela, lo que permitió a la guerrilla mantener su influencia incluso tras procesos de desmovilización formal, a través de estructuras disidentes y organizaciones sucesoras que continúan activas en el negocio del narcotráfico.

Sombras de las Farc en Venezuela

Este entramado se evidencia en los informes de inteligencia, uno de ellos conocido por La FM, que detalla la distribución específica de los grupos al margen de la ley que, en los últimos años, han migrado hacia Venezuela para expandir sus redes criminales.

Este documento, en poder del Gobierno colombiano, es clave para establecer las nuevas estrategias de seguridad de las Fuerzas Militares en zona de frontera.

El informe, de clasificación ultra secreta, se enfoca en el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

Para el caso específico de las disidencias de las Farc, se enfoca en el Estado Mayor Central de las Farc y la Segunda Marquetalia, que tendría centenares de hombres protegidos, también, por el régimen de Nicolás Maduro.

Así las cosas, el informe revela que algunos de los principales cabecillas han buscado refugio en el vecino país, desde donde han planeado su actuar criminal, en la lista se encuentran:

  • Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
  • Géner García Molina, alias Jhon 40.
  • José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza.
  • José Aldinever Sierra, alias El Zarco Aldinever.
  • Géner García, alias 40.
  • Alberto Cruz Lob, alias Enrique Marulanda.
  • Jhon Jairo Bedoya, alias Rusbel o alias Rumba.
  • Diógenes Medina, alias Chalo.
  • Julio Enrique Rico, alias Nelson Robles.
  • Nelson Díaz Osorio, alias Iván Alí.
  • Luis Cabrera, alias Diego Obando.
  • Enrique Muñoz, alias Villa.
  • William Danilo Malaver, alias Gerson González.
  • José Barragán, alias Eider Cardona.

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