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El presidente Gustavo Petro, pidió perdón este miércoles a las víctimas de dos masacres perpetradas por paramilitares a finales de la década de 1990, acatando una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006.
"Como representante hoy del Estado colombiano debo pedirles perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesino", expresó Petro en un acto público en el municipio de Ituango.
Al inicio de su intervención, el mandatario leyó los nombres de las 19 personas que murieron en estos hechos, por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) responsabilizó al Estado en 2006.
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Ambas matanzas ocurrieron en el transcurso de varios días con la "aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública", según la CorteIDH.
En el caso de El Aro, los paramilitares acusaron a los pobladores de colaborar con guerrilleros de izquierda y torturaron a varias personas en público. También quemaron la mayoría de las viviendas y obligaron a varios sobrevivientes a transportar ganado robado a la comunidad durante 17 días, relató la Corte en su sentencia.
El tribunal ordenó indemnizar a cada uno de los familiares de los fallecidos con 10.000 dólares y realizar un acto de reconocimiento público, entre otras reparaciones.
El Estado colombiano hizo un "reconocimiento parcial de responsabilidad" por escrito ante la Corte e indemnizó a las víctimas hace años, pero había omitido el evento público.
Reconocimiento tardío
"Quiero darle gracias a usted, presidente. Porque después de 25 años no ha habido un presidente que se hiciera cargo de prestarle atención a la víctimas", expresó durante el acto María Oliva Calle, viuda de Omar de Jesús Ortiz, asesinado en El Aro.
Petro denunció en su carrera parlamentaria (1998-2010) las atrocidades cometidas por los paramilitares y sus alianzas con mandatarios locales y otros congresistas.
Fue "un exterminio planificado pensado en términos de eliminar enemigos, porque veían al campesino como un enemigo", recordó el presidente durante su discurso.
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A pesar de haber firmado un pacto de paz con la guerrilla FARC en 2016, Colombia sigue enfrentado a varias facciones rebeldes que se apartaron del acuerdo y a otros grupos que buscan las rentas del tráfico de cocaína en el país que más produce esta sustancia a nivel mundial.
En el marco de una política de "paz total" el gobierno busca negociar el desmantelamiento de las disidencias y los demás grupos armados a cambio de beneficios judiciales.
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