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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reveló que Colombia se salvó de tener que pagar más de 270 millones de dólares, tras ganarle un litigio internacional a contratistas de los Estados Unidos en relación con el escándalo por el proyecto de modernización de la Refinaría de Cartegena (Reficar).
La decisión fue adoptada por parte de un tribunal arbitral internacional constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que atendió una de las disputas relacionadas con el proyecto de modernización y expansión de la Refinería de Cartagena.
Este tribunal acogió la objeción preliminar presentada por Colombia bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y EstadosUnidos (APC), declarando inadmisibles todos los reclamos de las empresas estadounidenses Amec Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants, Inc.
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El tribunal arbitral, además condenó a los demandantes al pago de la totalidad de los costos y gastos incurridos por Colombia en su defensa, incluyendo honorarios de abogados.
En este caso los demandantes fueron los contratistas encargados de la gestión del proyecto de modernización y expansión de la Refinería de Cartagena y debido a las demoras y sobrecostos presentados en el proyecto, la Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal en contra de los demandantes y otros.
De acuerdo con la Agencia Jurídica el problema radicó en que sin esperar la conclusión de ese proceso, las demandantes decidieron iniciar un arbitraje internacional alegando violaciones del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.
Sin embargo, el tribunal arbitral concluyó que esta reclamación era inadmisible al haberse presentado de manera prematura antes de que hubiera podido materializarse una violación a este acuerdo de promoción comercial.
“Si bien la Contraloría posteriormente emitió un fallo con responsabilidad fiscal solidaria a título de culpa grave contra las demandantes y otros, la disponibilidad de recursos contra ese fallo ante la jurisdicción contencioso-administrativa significaba que aún no existía una medida definitiva que pudiera constituir una violación del Acuerdo o configurar una denegación de justicia bajo el derecho internacional”, indicó la Agencia Jurídica del Estado.
Para la Agencia Jurídica del Estado está determinación envía un mensaje claro sobre la importancia de permitir que las cortes nacionales ejerzan su jurisdicción frente a actos administrativos, reforzando la confianza en el sistema judicial colombiano.
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En el marco de las investigaciones adelantadas en Colombia la justicia condenó a varios de los expresidentes de Reficar, tras establecerse en las irregularidades en el contrato de ampliación, modernización, mantenimiento y puesta en marcha de la Refinería de Cartagena.
En su momento, la Fiscalía puso en evidencia que el valor del contrato aumentó en más del 180 por ciento.
