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En medio de la controversia por el contrato suscrito con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo valor inicial de US$875.000 fue ampliado mediante un otrosí por US$5,8 millones, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, se pronunció públicamente para rechazar cualquier vínculo con dicho proceso contractual.
“Como presidente de la compañía, no firmo ni suscribo contratos directamente. Esa función ha sido delegada a las diferentes vicepresidencias corporativas. Tampoco participo en procesos de contratación de ninguna índole y mucho menos en aquellos que dependen directamente de la Junta Directiva o de sus comités, como es el caso de las asesorías directas”, afirmó Roa.
El directivo fue enfático en señalar que no conocía ni intervino en la contratación con Covington & Burling, ni en la firma del otrosí. “No participé, ni fui informado de su suscripción ni de la firma del otrosí. Tampoco tengo la facultad legal para hacerlo o autorizarlo ni mucho menos para intervenir en su trámite y ejecución”, sostuvo.
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Roa también aseguró que él mismo fue uno de los empleados evaluados por la firma contratada, y que fue quien advirtió a la Junta Directiva sobre el tema. “Fui quien informó a la Junta Directiva en enero de este año lo que venía sucediendo con estas actividades”, precisó.
De acuerdo con el presidente de la petrolera, desde febrero de 2025 el contrato fue suspendido, tal como lo comunicó la Junta Directiva el pasado 29 de mayo. Actualmente, se mantiene en ese estado. Además, informó que se designó temporalmente como oficial de cumplimiento al doctor Rodolfo García Paredes, gerente jurídico de Hidrocarburos.
Durante su declaración, Roa también negó categóricamente las versiones sobre supuestas interceptaciones dentro de la empresa. “Algunos medios han publicado que habría ordenado interceptar comunicaciones de funcionarios. Eso es absolutamente falso”, dijo.
Explicó que ni él, ni ningún funcionario de Ecopetrol, tiene la facultad para ordenar interceptaciones y subrayó que sería incapaz de realizar una acción de ese tipo.
Sin embargo, reconoció que el pasado 24 de mayo se activó un procedimiento de análisis digital por una fuga de datos, en el marco del protocolo de ciberseguridad de la compañía.
Según explicó, los hallazgos preliminares indican que se trata de filtraciones internas que violan el Código de Ética, el Gobierno Corporativo y la ley, afectando la estabilidad administrativa y la reputación de la empresa.
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A la fecha se han identificado 29 casos potenciales de violación de protocolos de seguridad y manejo de información, que fueron reportados a la Junta Directiva y serán puestos en conocimiento de las autoridades.
Roa denunció que ha sido objeto de “una campaña sistemática de desprestigio” con fines políticos. “Esto no es espontáneo ni accidental. Tiene un objetivo político claro. He sido sujeto de ataques, amenazas de muerte e insultos sin fundamento y hasta de acoso, incluso por razones de género, que han afectado también a mi familia”, expresó.
