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El Gobierno está a punto de atender la petición que han hecho algunos sectores políticos para que se permita la excarcelación de personas privadas de su libertad, para evitar posibles contagios con coronavirus en las penitenciarias.
En virtud de la emergencia carcelaria declarada por el presidente Iván Duque, se ha conocido un borrador de decreto que sería expedido por el Gobierno en las próximas horas, el cual autorizará que alrededor de 10.000 o 15.000 presos tengan transitoriamente el beneficio de la casa por cárcel.
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“La detención preventiva o la prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia, tendrán un término de seis meses prorrogables hasta por el mismo lapso. En todo caso, previo concepto de las autoridades sanitarias competentes en lo relativo al Covid-19, se podrán realizar sucesivas prórrogas por el tiempo que se estime necesario”, indica el borrador de decreto.
El Gobierno también establece, con este borrador de decreto, algunos casos específicos en los cuales la medida tendría que aplicarse de forma perentoria para los presos:
- Cuando se trate de personas mayores de 60 años
- Si son madres gestantes o con hijos menores de tres años,
- Cuando se trate de personas con enfermedades graves como VIH, cáncer, insuficiencia renal, trastorno pulmonar, enfermedades autoinmunes, entre otras.
- Personas con movilidad reducida por discapacidad
- Personas con medida de aseguramiento por delitos culposos
También se prevé que el Inpec y la Fiscalía General de la Nación se encarguen de verificar el cumplimiento de esta medida, así como las condiciones de la detención domiciliaria.
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Sin embargo, para el Gobierno Nacional es claro que estos beneficios no pueden cobijar a los presos que son considerados como peligrosos, que hayan sido procesados por faltas graves o por delitos de lesa humanidad.
Es por esto que se establecen una serie de hechos punibles que estarían exentos de cumplir la detención domiciliaria.
El borrador establece que no podrán gozar de casa por cárcel, “quienes hayan sido imputados o condenados por los delitos de terrorismo; concierto para delinquir (…), testaferrato; financiación de terrorismo y de actividades de delincuencia organizada”.
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Tampoco tendrían beneficios quienes estén siendo o hayan sido procesados por “amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos; lavado de activos; secuestro; secuestro extorsivo; desplazamiento forzado; desaparición forzada; tortura, trata de personas; tráfico de migrantes; uso de menores de edad para la comisión de delitos; homicidio agravado (...); feminicidio; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos”.
Asimismo, estarán excluidos los delitos relacionados con el narcotráfico, con la corrupción, y aquellos que se hayan cometido, en el marco del conflicto armado, los cuales tienen un tratamiento especial en la Jurisdicción de Paz.
Fuentes informaron que este borrador de decreto ha sido ya socializado con algunos partidos políticos y se hará lo propio con la Fiscalía General de la Nación.
