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En las celdas del búnker de la Fiscalía General de la Nación pasó su primera noche privado de la libertad el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su captura inmediata y envío a un centro carcelario, en el marco del proceso penal que se le adelanta por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
La detención se produjo en la misma sala de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá, una vez quedó en firme la medida de aseguramiento. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) procedieron a leerle sus derechos, lo esposaron en un área reservada y lo trasladaron, bajo estrictas medidas de seguridad, hasta el búnker de la Fiscalía, ubicado a pocos metros del complejo judicial, mientras el Inpec define el establecimiento penitenciario donde deberá cumplir la medida intramural.
Doce horas de audiencia y una decisión en firme
La captura de Bonilla se dio tras una extensa audiencia que se prolongó por más de 12 horas, en la que la magistrada Aura Alexandra Romero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió los recursos de reposición presentados por las defensas y ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario tanto para el exministro de Hacienda como para el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
En total, diez horas duró la audiencia en la que se definió la situación jurídica de los dos exministros, procesados por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al direccionamiento de contratos públicos a cambio de apoyos políticos en el Congreso de la República.
La magistrada consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía superaron ampliamente el umbral de inferencia razonable, por lo que descartó los argumentos de la defensa y concluyó que los exfuncionarios representan un peligro para la comunidad y para la administración pública.
A diferencia de Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco no fue capturado en audiencia.
No obstante, en la noche de este jueves se presentó voluntariamente ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, dando cumplimiento inmediato a la medida de aseguramiento ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá, una vez finalizada la audiencia judicial.
El Inpec será el encargado de definir el centro de reclusión en el que Velasco deberá cumplir la medida intramural. Aunque acató la decisión judicial, el exfuncionario reiteró que no la comparte y aseguró que continuará con su defensa dentro del proceso penal. “Seguiré mi batalla, porque soy inocente”, afirmó tras conocer la determinación del Tribunal.
Los delitos imputados y el millonario desfalco
La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a los exministros por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Según el ente acusador, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Bonilla y Velasco habrían impartido instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos, correspondientes a 74 proyectos del Invías (por más de 571 mil millones) y cinco proyectos de la UNGRD (por más de 40 mil millones de pesos).
La Fiscalía sostiene que estos contratos fueron entregados a congresistas de distintas comisiones del Senado y la Cámara, con el objetivo de garantizar votos favorables a iniciativas clave del Gobierno, como la reforma pensional, la reforma a la salud y los proyectos de endeudamiento que se debatían en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
El ‘cónclave’ en la Casa de Nariño
Uno de los episodios centrales del expediente es el llamado ‘cónclave’ que, según la Fiscalía, se realizó el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño. En esa reunión, de acuerdo con los testimonios recopilados, se habría definido a qué congresistas se les asignarían los contratos de obra.
En ese encuentro habrían participado el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González —actualmente procesado y prófugo de la justicia—; la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla; y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Testigos clave y presión a congresistas
Para sustentar la acusación, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema citó los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, considerada la testigo estrella del proceso.
Benavides detalló reuniones realizadas en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, donde —según su declaración— se ejercieron presiones para “comprar congresistas” mediante contratos públicos antes de que finalizara la agenda legislativa.
Aunque no trabajó directamente con Velasco, la testigo aseguró haber presenciado peticiones y gestiones del entonces ministro del Interior relacionadas con el direccionamiento contractual.
Los apoderados de los exministros interpusieron un recurso de apelación, que deberá ser resuelto por una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá conformada por tres magistrados.
Sin embargo, debido a la vacancia judicial que inicia el 20 de diciembre, la decisión se conocerá hasta el próximo año.
Mientras tanto, la medida de aseguramiento en centro carcelario quedó en firme, marcando uno de los capítulos judiciales más graves para el alto gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio del mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la administración pública en los últimos años.
