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La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra los voceros de la comunidad indígena Emberá asentada en el Parque Nacional, acusándolos de impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a servicios sociales esenciales.
Desde el 19 de mayo, aproximadamente 350 menores de la comunidad se encontraban asentados en el parque. Un promedio de 132 niños y adolescentes asistían regularmente a los servicios ofrecidos por el Distrito, específicamente en los centros Centro Amar y Centro Abrazar, a partir del 22 de mayo.
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El primero de julio de 2025, los voceros de la comunidad bloquearon nuevamente el acceso de menores a las rutas de transporte dispuestas por el Distrito. Adujeron que mientras la Unidad para las Víctimas del Gobierno Nacional no cumpla con la entrega de mercados prometidos, no permitirán que los menores accedan a los servicios.
Como consecuencia, solo trece menores pudieron llegar a recibir atención: siete en el Centro Abrazar y seis en el Centro Amar.
Reacciones de la Administración Distrital
El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, expresó que los derechos de los niños “no son negociables ni transables”. Según el Distrito, bloquear el acceso a servicios esenciales como educación, alimentación y atención psicosocial atenta contra el “interés superior del niño”, principio protegido por la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia.
El Distrito advirtió además que la situación afecta directamente a los menores, exponiéndolos a formas de vulneración como trabajo infantil, mendicidad y la falta de entornos seguros.
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La denuncia indica que la obstrucción puede configurar el delito de constreñimiento ilegal, debido a que priva a los menores de acceso a servicios vitales.
A pesar del bloqueo, según la Secretaría, los equipos sociales permanecen activos en el Puesto de Mando Unificado (PMU) y los servicios siguen disponibles para los menores, siempre que puedan acceder a ellos.
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