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Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, en contra de 17 presuntos integrantes del ELN, capturados en operativos de registro y allanamiento en el Sur de Bolívar.
“Después de más de un mes de audiencias, la Fiscalía General de la Nación, seccional Bolívar, logró la imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de 17 personas acusadas de pertenecer al frente Darío Ramírez Castro de la guerrilla del ELN”, reportó Ibet Hernández Sampayo, directora seccional del ente investigador.
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Según la investigación, 28 víctimas señalaron a los hoy judicializados de ser miembros de la subestructura Luis José Solano Sepúlveda, perteneciente al frente ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, que opera en algunos municipios del Sur de Bolívar.
“El señor Fiscal General de la Nación ha sido enfático en que debemos combatir la criminalidad en nuestras regiones, hoy nos sentimos muy satisfechos de poder presentar estos resultados a la comunidad de Bolívar, que venía siendo azotada por esta estructura criminal”, añadió la directora de la seccional Bolívar.
La Fiscalía formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada contra: Dayris Palomino Salas, alias 'Picho'; Dainer Palomino Ramírez, alias 'Topillo'; Juan Manuel Matus Rangel, alias 'Matos'; Miguel Antonio Cuello Mora, alias 'Miguel'; Bercelis Oliveros Rodríguez, alias 'Bechy'; Wainer Mejía Castillo, alias 'Samuray'.
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También contra Wilson Rafael Atencia Soler, alias 'Wichos Gozadera'; Jacob Gutiérrez Obregón, alias 'Jacob'; Amalfi Mejía Dita, alias 'Amalfi'; Emilio Paz Camero, alias 'Gamero'; Robinson Cuesta Umaña, alias 'El Paisa'; José Víctor Pérez Ardila, alias 'Sebis'; Jaime García Palomino, alias 'El Paisita'; Eiver Quiñónez Amaris, alias 'Eiver'; José Esteban Ardila Segovia, alias 'Estevita', Manuel de Jesús López Hernández, alias 'Manuel' y René Carreño Roa, alias 'El Inspector'.
Según el material probatorio recaudado por la Fiscalía, algunos capturados serían usados como fachadas en minas o en el comercio de los municipios de Montecristo, Martín de Loba, Achí, Santa Rosa del Sur y Norosí (Bolívar), para supuestamente detectar los ingresos de los pobladores dedicados a la ganadería, minería y al comercio y, posteriormente, entregarían la información a los cabecillas de la organización para hacer las exigencias económicas.
La Fiscalía dio a conocer que los ganaderos deberían pagar sumas extorsivas, entre 5.000 y 10.000 pesos por cada semoviente que tuvieran en sus fincas, y los mineros entre el 10% y el 15% de las ganancias de la producción minera, para evitar atentados contra sus vidas o la de sus familiares.
