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Con ocasión del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres anunció a las ganadoras del Premio Lucy Wartenberg, una distinción bienal que, honrando la memoria de la antropóloga experta en derechos humanos que falleció en 2021, visibiliza aportes desde distintos sectores hacia la defensa del derecho al aborto en Colombia.
Este año, la profesora asistente del Departamento de Economía de la Universidad de California (UCLA) Juliana Londoño Vélez recibió el premio junto a Estefanía Saravia por su investigación '¿Qué pasa en la vida de las mujeres y sus familias cuando se les niega el derecho al aborto?', que conecta el debate sobre la interrupción del embarazo con otras disciplinas, como la economía.
Los resultados del estudio buscan mostrar cierta evidencia empírica frente a las consecuencias de las decisiones de los jueces cuando se trata de tutelas para solicitar un aborto. Buena parte del análisis se centra en que el género del togado puede impactar en su decisión cuando una mujer busca interrumpir voluntariamente su gestación, lo que genera miedo entre las usuarias.
Saravia, candidata a doctora en la UCLA, y Londoño publicaron su proyecto en enero con la premisa de que las consecuencias de la obstrucción de un aborto pueden ser inmediatas, como un 161% más de probabilidades de morir en los nueve meses siguientes a la determinación, principalmente por infecciones y sus consecuencias letales, como la septicemia, por intentar abortar irregularmente.
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El pionero abordaje explica que "se distorsionan" las decisiones sobre la fertilidad entre quienes en un futuro sí quisieran ser madres, cuestionándose cuándo tener hijos, cuántos tener o si debiesen tener, y en el largo plazo las gestantes sufren de más problemas de salud, menor educación, menor participación laboral y más probabilidades de caer en la pobreza.
Las juezas son un 20% menos propensas a denegar los casos de aborto que los jueces, asevera la investigación, que analizó casi veinte mil tutelas radicadas entre 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres causales —violación, malformación del feto y peligro en la salud de la madre—, y 2022, cuando el alto tribunal lo legalizó del todo hasta la semana 24 de embarazo.
El modelo de causales llevó a miles de mujeres a abortar. En 2008, por ejemplo, se estimaba que se practicaron unos 400.000 abortos en el país, de los que la mayoría fueron ilegales. En Medellín hasta 2022 se interponían 1,6 tutelas por cada interrupción del embarazo, y se asignaban aleatoriamente a 125 juzgados, de los que el 42,3% estaba encabezado por juezas.
Los jueces negaron el 62% de las solicitudes de aborto, mientras que las juezas lo hicieron con el 42%. Las mujeres que interpusieron tutelas tenían una edad promedio de veintiocho años, el 21% eran adolescentes y el 22% ya tenía hijas o hijos antes de decidir abortar. En promedio, las solicitantes contaban con 14,8 semanas de embarazo, o sea, poco más de tres meses.
"Hemos compartido los resultados del estudio con miembros de la academia, hacedores de política pública y varias organizaciones", narró Londoño, y precisó que las conclusiones "generan sorpresa y un poco de preocupación de que el sexo del juez pueda ser tan determinante en la vida de las mujeres y sus familias cuando se trata de temas de tutelas de aborto".
El premio Lucy Wartenberg, una iniciativa que la Mesa por la Vida impulsa desde 2023, le entregó una mención especial a la organización RHUDA, que asesora y brinda acompañamiento en derechos sexuales y reproductivos en Huila. Y le concedió una mención de honor a la lideresa Yirley Velasco, de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, que tiene incidencia en los Montes de María.
La edición de 2025 del galardón contó con las juradas Erika Guevara Rosas, directora de investigación e incidencia de Amnistía Internacional; Luna Borges, profesora y abogada de la Universidad de Columbia, y Ana Cristina González, cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y pionera del movimiento Causa Justa, que logró la sentencia de la Corte hace tres años.
"Hay muchas y distintas formas por las cuales podemos hablar sobre los impactos de la criminalización del aborto y de la ausencia de cuidados de calidad", expresó Borges. Rosas, por su parte, manifestó que "el derecho al aborto no es solo un debate legal, sino una causa profundamente ligada a la libertad y a la dignidad de las mujeres".
