La FM en Google News
A través de un informe de conflictividad social del 2023, la Defensoría del Pueblo registró 619 eventos más en comparación con el 2022 en las distintas regiones del territorio nacional. Según la entidad, el año pasado hubo 2.046 manifestaciones en 446 municipios de 31 departamentos del país, el 13% de ellos ocurrieron en Bogotá.
Comparada la cifra con la del 2022, cuando se registraron 1.427 eventos, el aumento fue del 43%, según los datos recolectados por el Observatorio de la entidad.
También en comparación con el 2022, se observó que hubo un aumento del 94% en la ocupación o toma de instalaciones, del 62% en los ceses de actividades, del 62% en los bloqueos de vías y del 31% en los plantones y concentraciones.
Le puede interesar: La Celac no logró un consenso sobre el conflicto en Gaza
Los diez departamentos que concentraron el mayor número de conflictos sociales fueron Bolívar, con el 7%; Antioquia, 6%; Santander, 6%; Magdalena, 6%; Atlántico, 5%; La Guajira, 5%; Valle del Cauca, 5%, y Córdoba, Norte de Santander y Tolima, con el 4% cada uno.
Para la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional debe fortalecer la articulación interinstitucional para que sean propiciados oportunamente espacios de diálogo con las comunidades que manifiestan sus problemáticas e insatisfacción de derechos humanos.
“También debe hacérsele un seguimiento riguroso y oportuno al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y adelantar procesos de fortalecimiento institucional con los mandatarios locales, con el fin de prevenir el escalamiento de conflictividades en distintos puntos del territorio nacional”, dijo el defensor, Carlos Camargo.
Le puede interesar: Más de 2.500 detenidos en Ecuador en 11 días de "conflicto armado interno" contra mafias
Los eventos más comunes de conflictos estuvieron asociados con los laborales en el 18%, la garantía del derecho a la educación, 12%; inversión o presencia estatal, 11%; conflictos políticos relacionados con la elección de alcaldes y gobernadores, 11%; prestación de servicios públicos, 10%; derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, 9%; políticas de transporte, 9%; propiedad de la tierra o vivienda, 5%, y conflictos ambientales, 5%.
La labor de mediación de la Defensoría contribuyó a prevenir el escalamiento violento de la conflictividad social, lo que ayudó a impulsar la transformación pacífica de los conflictos en los territorios.
