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La Defensoría del Pueblo emitió un informe que evidencia que durante el primer semestre de 2025, la violencia contra las comunidades indígenas en diferentes partes del país se incrementó, registrando asesinatos, casos de desaparición forzada, reclutamiento forzado, violaciones, entre otros delitos.
Según el informe, en este lapso de tiempo fueron perpetradas dos masacres en territorios étnicos, dejando en evidencia un patrón de violencia colectiva. Uno de los casos que dejó cuatro víctimas ocurrió en el resguardo emberá chamí, Karmata Rúa (Jardín, Antioquia) y el otro fue reportado en el Consejo Comunitario Manos Amigas del Patía Grande (Magüí Payán, Nariño), hecho que también dejó cuatro muertos.
“En el primer semestre de 2025 documentamos un agravamiento de la violencia y aumento de las emergencias humanitarias en territorios étnicos. Sus territorios y sistemas colectivos han sido ocupados por actores armados que imponen control, fragmentan sus formas de vida y amenazan supervivencia física, cultural y política”, dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín.
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Sobre los casos de reclutamiento forzado de menores, el informe destaca que los departamentos más afectados son: Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Huila. “En Cauca, 20 de los 24 casos registrados corresponden a personas pertenecientes a comunidades indígenas, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de estas poblaciones y la necesidad de adoptar medidas de protección diferenciadas y culturalmente adecuadas”, reseña el texto.
Otro de los flagelos que afecta a estas etnias es la desaparición forzada, delito del que se reportaron cinco casos en el Consejo Comunitario del río Yurumanguí en Buenaventura (Valle del Cauca) y otros ocho en los Consejos Comunitarios Liberación y Futuro, Nuevo Renacer y Nueva Esperanza (entre Ipiales- Nariño y Orito Putumayo).
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Igualmente, se mencionan las crisis humanitarias por los desplazamientos forzados de los que se documentaron situaciones en resguardos ubicados en Vichada, Vaupés, Nariño, Cauca, Bajo Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, La Guajira.
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También se denuncia en este informe que hay redes criminales que operan mediante engaños con promesas de empleo a mujeres y jóvenes, para engañarlos y someterlos esclavitud sexual. “La Alerta Temprana 030-2022, evidencia fallas en la implementación de medidas de prevención y la urgencia de fortalecer la articulación interinstitucional para garantizar la protección integral de estas poblaciones”, reseña la Defensoría en este sentido.
Algunos de estos delitos se presentaron en pueblos étnicos Nariño, Valle del Cauca y Antioquia.
“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a garantizar la protección integral y la participación efectiva y el cumplimiento de los compromisos de paz con enfoque. Un enfoque que respete la diversidad étnica y cultural reconociendo a estos pueblos como sujetos colectivos de derechos”, puntualizó la funcionaria.
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