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Andrés Forero, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, criticó el denominado nuevo ‘decretazo’ del Gobierno Nacional, mediante el cual se implementaría parte del articulado de la cuestionada reforma a la salud y anunció las primeras medidas que se adoptarán para evitar su implementación.
“En este caso vamos a demandar esta arbitrariedad porque ni el señor Jaramillo, ni el presidente de la República puede saltarse a la torera al Congreso de Colombia y a la Constitución y las leyes”, declaró Forero.
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Para el congresista,la decisión adoptada por el Ministerio de Salud se habría tomado para evitar al Legislativo, tras la ruptura de los acuerdos establecidospara una de las principales mesas directivas en el Senado de la República.
“A modo de retaliación por la elección del senador Pinto como presidente de la Comisión Séptima del Senado, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha decidido, por vía decreto, por la puerta de atrás y desconociendo al Congreso de la República, implementar su inconveniente reforma a la salud”, afirmo.
Otro de los argumentos presentados por el representante Forero estaría relacionado con la burocracia que se comenzaría a manejar dentro de los centros médicos en las diferentes regiones del país, por cuenta de la descentralización.
“Entre otras cosas buscan que sean los alcaldes y gobernadores con un altísimo riesgo de corrupción y politización, los que definan qué hospitales, qué clínicas hacen parte de las redes de prestación de servicios de sus territorios, sustituyendo a buenas EPS como Sura”, concluyó el congresista.
Por su parte, la representante Katherine Miranda, argumentó que “el decreto que impone la reforma a la salud es un paso ilegal e inconstitucional. Aunque pretende presentarse como un simple acto reglamentario, en realidad es una reconfiguración estructural del sistema de salud, creando nuevas entidades como las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud”.
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De acuerdo con la parlamentaria de la Alianza Verde, el decreto del Gobierno Nacional, termina generando una serie de modificaciones que no se pueden implementar sin que se haga el debido proceso dentro del Legislativo.
“Impone funciones a las EPS, IPS y también a los entes territoriales sin que exista una ley habilitante ni de intervención del Congreso de la República. Estamos ante una abierta usurpación de funciones legislativas, el Ejecutivo no puede legislar por decreto sobre el modelo de salud pública de nuestro país. Esto claramente viola el principio de ley, rompe el equilibrio de poderes y desconoce por completo el control democrático que corresponde al Congreso de la República”, destacó la representante Miranda.
