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La imputación hecha por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de ocho miembros del Secretariado de las Farc, también cobijó a dos personas que hoy fungen como senadores de la exguerrilla: Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo.
Esta situación ha abierto el debate sobre si estos dos dirigentes deben renunciar o no a sus curules en el Congreso, teniendo en cuenta que van a recibir sanciones penales.
Clara Rojas, quien estuvo secuestrada por las Farc, había considerado en RCN Radio que por razones éticas, estas personas sí deberían dejar su cargo.
“Me han impactado las confesiones que se hicieron frente a casos como el magnicidio Álvaro Gómez (...) creo que sí debe haber un componente ético en donde ellos a nivel personal podrían tomar una decisión", sostuvo Rojas.
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Sin embargo, los defensores del acuerdo como el senador Iván Cepeda, afirman que la participación política es algo que se pactó desde el inicio y las sanciones propias impuestas por la JEP, según quedó consignado en la Constitución nacional, no los inhabilitan para ocupar estos asientos en el Congreso.
“El acuerdo de paz prevé que las antiguas Farc, hoy partido de los Comunes, tengan representación en el Congreso y que es al interior de ese partido político que se define quienes son sus representantes tanto en el Senado como en la Cámara, no es un asunto que está sometido hoy a nueva discusión, ya fue pactado, fue acordado y está debidamente legislado y convertido en disposición constitucional”, manifestó Cepeda.
La otra polémica está relacionada con las críticas que ha recibido la Jurisdicción Especial de Paz por haber llamado “retenciones ilegales” a los secuestros cometidos por las Farc.
Aunque los expertos señalan que a la luz de las normas internacionales, se debe usar este término de toma de rehenes, otros consideran que las cosas hay que llamarlas por su nombre.
La senadora Paloma Valencia indicó en Voces RCN: “las Farc hicieron más o menos entre 5 y 7 billones de pesos de recursos que le arrebataron a las familias colombianas extorsionándolos, a cambio de poder volver a ver sus seres queridos y que después de tres años nos digan que lo hubo fue retenciones ilegales, yo creo que es una burla a los colombianos”.
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Algunos dirigentes también cuestionaron a la JEP por haberse demorado alrededor de tres años en resolver los casos de secuestro, cuando la Fiscalía entregó todos los expedientes en los cuales ya estaban consignadas las condenas e investigaciones de muchos desmovilizados involucrados en este tipo de hechos.
