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De los 10 convocados, no asistieron seis y los presentes no aportaron ninguna prueba, afirmando que no les constaba nada de los hechos bajo indagación, salvo lo que habían escuchado en los medios de comunicación. Por esta razón, la defensa jurídica del presidente solicitó la exclusión y archivo de varias denuncias, argumentando la falta de comparecencia y ratificación, como lo establece la ley.
La primera gran ausente, citada por segunda vez, fue Socorro Oliveros, esposa del ingeniero Rodolfo Hernández, lo que evidencia que, a pesar de los discursos en campaña, se guarda silencio ante los jueces.
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El representante Cristian Garcés afirmó no tener conocimiento de los hechos, pero al salir expresó a los medios que se llamara a Armando Benedetti, quien, según él, estaba informado. Garcés, acompañado por una asesora legal, debió entender que, como denunciante, carece de iniciativa probatoria en el proceso contra el presidente, ya que no es parte procesal.
El congresista JP Hernández declaró que su denuncia se basaba en el interrogatorio de la Fiscalía a Nicolás Petro, filtrado a los medios. Ante esto, la defensa del presidente solicitó la exclusión de la denuncia, ya que, según el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal, no se puede utilizar como medio de prueba en ningún proceso cualquier conversación realizada en un fallido acuerdo de colaboración con la Fiscalía, como fue el caso de Nicolás.
La senadora Paola Holguín también indicó que su denuncia se fundamentaba en notas de prensa. A diferencia de sus colegas, aportó un derecho de petición dirigido a la empresa de aviación Sociedad Aérea de Ibagué, donde se indicaba que la información sobre los servicios prestados a la campaña presidencial era pública y reposaba en el Consejo Nacional Electoral.
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Otro asistente, Luigi Edinson Parra, economista y profesor universitario, llegó tarde y no contribuyó con información relevante. Afirmó en redes sociales que estaba citado y pidió investigar basándose en lo que conocía por los medios, sin aportar evidencia concreta.
A partir de estas declaraciones, la comisión de acusaciones tiene a su disposición argumentos para archivar las denuncias contra el presidente, ya que ninguno de los asistentes fue capaz de presentar pruebas que lo vinculen con financiación ilegal de campaña.
