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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció a través de su cuenta en la red social X que interpondrá una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas. El funcionario señala a los legisladores de promover conductas que, a su juicio, vulneran la soberanía y la integridad territorial de Colombia.
Sanguino precisó que, en ejercicio de su derecho ciudadano, la acción penal se radicará en las próximas horas contra el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, la representante a la Cámara Lina María Garrido y otros implicados. Se les acusa de presuntamente incentivar acciones hostiles contra la nación.
“Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política”, enfatizó el ministro, advirtiendo que dichos comportamientos se ajustarían a delitos tipificados en el Código Penal colombiano.
Sustento jurídico: Integridad nacional y hostilidades
El jefe de la cartera laboral citó el artículo 455 del Código Penal, el cual sanciona el menoscabo de la integridad nacional con penas de entre 320 y 540 meses de prisión. Esta norma castiga los actos orientados a fraccionar la unidad nacional, comprometer la soberanía o someter el territorio al dominio extranjero.
Asimismo, indicó que las conductas denunciadas podrían enmarcarse en el artículo 458, referente a la participación en hostilidades contra la patria, una de las figuras más graves en la legislación colombiana sobre la protección del Estado.
Responsabilidad de los sujetos políticos
En su pronunciamiento, Sanguino subrayó que la gravedad de los hechos se acentúa al provenir de servidores públicos. Recordó que, por mandato constitucional, los congresistas están obligados a defender el orden jurídico y la integridad del territorio. “Es aún más grave cuando estos mensajes provienen de sujetos políticos obligados a defender la Constitución”, sostuvo.
Respecto a los límites de la libertad de expresión, el ministro fue enfático: “Este derecho no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, concluyó, asegurando que la libre opinión no puede justificar actos delictivos contra la Nación.
Escenario judicial
La denuncia ante la Corte Suprema de Justicia se presenta en un contexto de alta tensión política. Al tratarse de congresistas aforados, corresponde al alto tribunal evaluar si existen méritos suficientes para iniciar una investigación formal que determine si se vulneraron bienes jurídicos fundamentales del Estado.
