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Sigue en vilo el futuro de la reforma pensional, luego que el presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López Tenorio, le solicitara una nueva prórroga a la Corte Constitucional para remitir las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025.
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En el documento, fechado el 12 de septiembre, y dirigido a Andrea Liliana Romero López, secretaria general del alto tribunal, el congresista argumentó la solicitud de obtener una “prórroga en el tiempo” para enviar los documentos, ante lo que denominó como un “alto volumen de la información” que debe incluirse dentro del expediente para así cumplir con el requerimiento.
La solicitud se da, luego que el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez Najar, le remitió un auto el 9 de septiembre, en el que le entregó expresa orden a la Cámara de Representantes para entregar en un término de dos días hábiles la certificación de esas actas.
Esta solicitud, se dio tras el envío de los archivos que realizó el propio parlamentario el viernes 5 de septiembre y que, en ese momento, confirmó mediante un mensaje en su cuenta de X: “Como presidente de la Cámara de Representantes informo al país que, en cumplimiento del auto de la Corte Constitucional, remitimos las actas de la Reforma Pensional. Confío en que la Corte, con su sabiduría e independencia, declare exequible la Ley 2381 de 2024, un logro del pueblo que reducirá desigualdades y hará de Colombia un país más justo”.
Sin embargo, el problema se incrementa por cuenta del acta del 27 de junio, fecha en la que se anunció el proyecto para su discusión en la plenaria. El documento en mención, no ha sido aprobado por la corporación a pesar de los cinco intentos que se han hecho durante los últimos tres meses, donde solo se aprobó el acta del sábado 28 de junio.
Los congresistas se han negado a aprobar el documento, aludiendo a nuevos vicios de trámite, ya que ese viernes no se contó con quórum decisorio para votar el orden del día, lo que para los parlamentarios, habría viciado de nuevo la reforma pensional en su paso por la corporación.
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De acuerdo con la Corte Constitucional, las dos actas son fundamentales para determinar si se subsanaron o no las inconsistencias evidenciadas en su momento por el alto tribunal.
