Posiciones divididas entre liberales y conservadores por la reglamentación de la eutanasia

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Uno de sus mayores reparos es la inclusión de menores de edad. Según el borrador, entre los 7 y 13 años los niños podrían acceder a la eutanasia con consentimiento de sus padres, y desde los 14 bastaría con la decisión del menor y su representante legal.

Para López, esto vulnera la patria potestad: “Quieren socavar la autoridad de los padres con el argumento del ‘interés superior del niño’. Esa es una pendiente resbaladiza peligrosísima”, indicó.

Asimismo, cuestionó que el alcance de la eutanasia se esté ampliando más allá de enfermedades terminales. “Ya no hablamos solo de cáncer. Ahora se habla de depresiones graves y enfermedades curables. Eso es gravísimo. La eutanasia no puede ser una solución al sufrimiento emocional”, dijo.

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Desde una perspectiva completamente distinta, el representante Juan Carlos Losada defendió el proyecto del Ministerio como un paso necesario para hacer efectivo un derecho ya consagrado. “Desde hace casi 30 años, la Corte Constitucional estableció que la muerte digna es un derecho fundamental. Lo que falta es su reglamentación clara, especialmente en el caso de la eutanasia médicamente asistida”, señaló.

Losada recordó que existen tres modalidades de muerte digna: cuidados paliativos, interrupción del esfuerzo terapéutico y eutanasia, y que ninguna es excluyente de las otras: “El derecho existe, lo que no existen son los mecanismos claros para que los pacientes accedan a él sin trabas. Nadie pide eutanasia por deporte; lo hacen quienes están viviendo un infierno físico o mental”, afirmó.

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Sobre el punto de los menores de edad, Losada defendió el principio de autonomía progresiva y la necesidad del consentimiento sustituto, cuando un paciente no puede expresar su voluntad: “Negar ese derecho es una falta de compasión absoluta. Y hay que reglamentar también el documento de voluntad anticipada, para que el Estado y las familias conozcan la decisión del paciente si pierde la conciencia”, indicó.

En cuanto a la polémica por la objeción de conciencia, Losada recalcó que debe respetarse a los médicos, pero no a las instituciones: “Una institución no tiene conciencia. La Corte ha sido clara: no puede haber objeción institucional. Las IPS deben tener un médico disponible para garantizar el procedimiento”, precisó.