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El presidente Gustavo Petro reaccionó a la expulsión de Colombia de Egmont Group, un grupo internacional que comparte información sobre lavado de activos y alertas, señalando que dicha determinación se dio "porque reveló la verdad sobre Pegasus".
En un segundo pronunciamiento sobre el tema, el mandatario dijo que hay una estrategia de hablar de Egmont, para tapar el escándalo del software Pegasus.
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El presidente Petro ha dicho que desde Colombia se pagó y se compró el famoso software malicioso, usado en varios países. De acuerdo con el mandatario, el pago se hizo en efectivo y la suma supera los 11USD millones, que habrían salido de la Dirección de Inteligencia de la Policía.
"Es decir, porque un Gobierno compró ilegalmente con lavado de activos 'Pegasus' y con él, interceptó ilegalmente para asesinar jóvenes en el estallido social. No les importan los jóvenes asesinados, nunca les importaron", dijo.
La postura de Petro se conoce apenas horas después de que se conociera que Colombia fue expulsada oficialmente de Egmont Group para compartir información entre naciones para combatir el lavado de activos, lo que en la práctica significa que el país queda aislado también en la lucha contra el narcotráfico.
Petro calificó esa situación como "el costo de la Verdad. Ahora Colombia sabe que un documento oficial de la agencia israelí IMPA, que por la ley colombiana de inteligencia y en defensa de los derechos humanos desclasifiqué, efectivamente muestra días, forma y banco donde se consignaron 11 millones de dólares para comprar el software "Pegasus" de interceptación de comunicaciones por parte de la DIPOL de Colombia en el gobierno de Duque".
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Recientemente, el director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, aseguró que pese a las denuncias del mandatario, esa entidad no tiene indicios de que se hubiera comprado ese software.
“Documentalmente no hemos encontrado nada, hemos hecho investigaciones, no hemos encontrado ningún indicio. Sí hay un gran indicio de que hubo chuzadas, como la demanda que ganó Cajar contra Colombia, en la que condenaron al Estado colombiano para reformar la ley de inteligencia”, indicó.
