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Como se anunció en el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, un grupo de congresistas envió una carta a los miembros de la Cumbre de Paz de Suiza, para alertar a la comunidad internacional sobre la crisis de seguridad y orden público en Colombia “que vulnera los derechos humanos”.
La misiva conocida por La FM de RCN Radio está firmada por 26 representantes a la Cámara y senadores que exponen cifras alarmantes como las 313 alertas tempranas que ha hecho la Defensoría del Pueblo advirtiendo riesgos en 846 municipios de los 1.103 que hay en Colombia, es decir, el 77% de los municipios del país.
“De estos 846 municipios, hay 399, es decir, el 46%, que fueron objeto de advertencia por primera vez en el año 2023; y 452 municipios han sido objeto de advertencia focalizada. La procuradora General de la Nación advierte que la inseguridad está causando una crisis de Derechos Humanos en nuestro país”, se lee en el documento de tres páginas.
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Aseguran que durante este Gobierno han crecido los grupos armados ilegales. Por ejemplo, “respecto a las cifras del año 2022, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo han crecido un 84%, haciendo presencia hoy en 392 municipios”.
Mientras tanto, “el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha crecido un 56%, haciendo presencia hoy en 232 municipios. Las Disidencias de las FARC-EP han crecido un 141%, haciendo presencia en 299 municipios. Y por último, los Grupos de Crimen Organizado han crecido un 30%, haciendo presencia en 184 municipios”.
De otro lado, advierten que las cifras de los delitos que violan los derechos fundamentales y los derechos humanos han aumentado. “Para el año 2023, por lo menos 123.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, y 184 fueron los casos de reclutamiento de menores para este mismo año”, se indica.
Según los congresistas, también han tenido tendencia al alza otros indicadores como el asesinato de líderes sociales, la trata de personas y de migrantes; mientras tanto, las masacres se incrementaron en un 6.5%, el secuestro en un 53,8%, la extorsión en Bogotá en un 30%.
“Preocupa que la política de Paz Total esté fracasando y no cuente con una estrategia. El gobierno de Gustavo Petro Urrego mantiene actualmente mesas de negociación con todos los grupos criminales sin una hoja de ruta clara, sin protocolos ni mecanismos de verificación, lo que ha fortalecido a los grupos armados que hoy tienen el control territorial”, aseguran los legisladores.
También manifiestan preocupación por la solicitud del presidente Gustavo Petro ante la Unión Europea para que se elimine de la lista oficial de terroristas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), “pues esta guerrilla no ha tenido voluntad de paz, no ha cumplido con el cese al fuego, sigue atentando contra la fuerza pública y contra la sociedad civil, y anunciaron en el mes de mayo que retomarán los secuestros con fines extorsivos”.
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Los 26 parlamentarios critican la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 con las Farc, afirmando que “a pesar de las promesas de consolidar la paz, la falta de avances significativos en temas tan importantes como la reincorporación y seguridad de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, sumado a la persistencia de la violencia y la actividad de grupos armados ilegales, ha exacerbado las tensiones.
Finalmente, hacen un llamado a los países miembros de la Cumbre de Paz de Ucrania a continuar con el esfuerzo en la lucha contra el terrorismo y a trabajar conjuntamente por el bien común.
