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La organización de derechos humanos Human Rights Watch hizo llegar al presidente Gustavo Petro y miembros de su gobierno, una carta con cinco recomendaciones para que la política de “paz total” contribuya a avanzar en materia de derechos humanos.
La primera recomendación de la ONG es "Garantizar protección y seguridad". Sobre esto, recuerda que es obligación del estado proteger los derechos humanos de la población y para ello sugiere que se adopte "una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos" que incluya "tanto a las fuerzas de seguridad para cumplir con el deber de garantizar la vida y la integridad física, como a otras instituciones del Estado que son esenciales para la provisión de bienes y servicios públicos".
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Sobre este mismo punto, HRW resaltó la importancia de diseñar planes para "proteger a defensores de derechos humanos", pero también a toda"la población civil antes, durante y después de las negociaciones" con grupos armados.
Entre otras cosas, la ONG pide que el nuevo Gobierno fortalezca la capacidad del "sistema judicial y garantizar quelos indicadores de éxito de las fuerzas de seguridad se basen en asegurar un control territorial efectivo, respetar los derechos humanos y prevenir abusos".
La segunda recomendación para Gustavo Petro es "Decidir con quién negociar y de qué manera". Se refiere a reconocer que "en la actualidad operan en Colombia una gran cantidad de grupos armados que son financiados por economías ilegales, en especial el narcotráfico y la minería ilegal", grupos que incluyen al ELN, a disidencias de las extintas FARC y otros como el Clan del Golfo".
Aquí se toca el punto del "sometimiento" y/o "acogimiento" de grupos con los que hasta hoy no se ha intentado una negociación. HRW aclara que "en general el derecho internacional humanitario no prescribe con qué grupos armados los gobiernos pueden o deben entablar negociaciones", por ese motivo, hace ver que será decisión del Gobierno Petro con quién se sienta.
Eso sí, insta a que considere si existen razones para "creer que es más probable que las negociaciones aseguren los derechos de las víctimas y prevengan abusos en comparación con la aplicación de la ley".
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Otras recomendaciones son "Abordar las causas que perpetúan la violencia", "Garantizar los derechos de las víctimas", y finalmente, "Evitar desmovilizaciones fraudulentas", como sucedió con los grupos paramilitares bajo la ley de Justicia y Paz del gobierno de Álvaro Uribe.
