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Voces de rechazo y respaldo ha generado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con 41 recomendaciones para el Estado colombiano para evitar la ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la protesta social.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katerin Miranda, advirtió que el informe de la CIDH evidencia que el Estado violó derechos humanos con ocasión de la protesta. Advierte que es necesario crear estándares de transparencia, en especial sobre las cifras de muertes y afectaciones.
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"Creo que en Colombia se requiere, primero, que se reconozca la vulneración sistemática que ha habido a los derechos humanos en el marco de las protestas y pedir excusas por parte del Estado colombiano a todas las víctimas. Reparar y judicializar a los responsables. Dos, reformar estructuralmente a la Policía Nacional, retirándola del Ministerio de Defensa como lo hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo. El ministro de Defensa y el director de la Policía tienen que retirarse de su cargo, pues tienen responsabilidades directas e indirectas frente a las violaciones de DDHH", puntualizó Miranda.
El senador liberal Luis Fernando Velasco advirtió que hay que tener en cuenta que la CIDH se centra en la actuación de los Estados. No en la de los particulares. Y en ese sentido dice que el informe es más fuerte en lo concerniente a las instituciones.
"La CIDH entrega un informe al país que es básicamente lo que los colombianos, percibimos, ocurrió en el marco de las protestas. Uso desproporcionado de la fuerza por algunos agentes del Estado, asesinatos, jóvenes mutilados, tolerancia por algunos civiles armados que salieron a repeler las manifestaciones, manifestación de paramilitarismo urbano, ataques innecesarios contra la guardia indígena. Creo que el gobierno antes que negar el informe debería construir una política que haga recuperar la confianza", advierte Velasco.
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El representante del Polo Democrático, Jorge Gómez, comparte que el informe pone en evidencia de que el Estado ha violado derechos humanos y que la Policía debe recuperar su norte. Advierte que el gobierno se equivocó al cuestionar el documento.
"Creo que la actitud y la respuesta que el gobierno ha dado al informe de la CIDH es una abierta violación al pacto de derechos humanos que suscribió Colombia. El gobierno está haciendo quedar a Colombia como un paria en el conjunto de las naciones al no pararle bolas y expresar el mínimo respeto por el muy serio informe que acaba de presentar la CIDH", agregó Gómez.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, advirtió que difiere completamente de varios aspectos del informe al que calificó como 'manifiesto político'. Especialmente lo que concierne a los bloqueos o 'cortes de ruta' como los llamó la CIDH.
"Decir que los bloqueos son aceptables es decir que el aparato productivo no tiene ningún valor y es enmarcarse en un discurso político, el cual compite en las próximas elecciones colombianas, que sostiene que al aparato productivo no hay que cuidarlo o defenderlo y que genera odio. En segundo término, pasar la Policía al ministerio de la política es un enorme error y es no comprender la historia de Colombia. Sería tener una policía politizada que es lo peor que le puede pasar a una democracia", anotó Valencia.
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El senador Ciro Ramírez, también del Centro Democrático, criticó fuertemente que la CIDH advierta que los bloqueos son una expresión de la protesta social que no deberían, per se, ser perseguidos penalmente
"La CIDH se convirtió en defensora de sólo unos derechos humanos, no de todos los derechos humanos. Hay que llamarle la atención. No se llaman 'cortes de ruta' se les llama atentados terroristas. Asesinaron bebés colombianos, desabastecieron el país de oxígeno y medicamentos. Lo más importante de todo esto es que la mayoría de los colombianos rechazamos la violencia. Invito también a la CIDH que la rechace", expresó Ramírez.
El senador Jorge Robledo, del Partido Dignidad, advierte que con este informe queda muy mal librado el gobierno de Iván Duque, el Estado colombiano y especialmente la Policía.
"Diría que este es el aspecto principal del informe, que saca la necesidad de separar a la Policía del Ministerio de Defensa, de las fuerzas armadas. Esta es una petición vieja que se viene haciendo y que tiene que ver con la historia de Colombia, con sucesos de violencia de muchos años que terminaron convirtiendo a la Policía en una fuerza, más que civil, militarizada. Y entonces la CIDH se une a muchas voces que en Colombia hemos reclamado que esa separación debe darse", remató.
Finalmente, el senador conservador Juan Diego Gómez anotó que el informe es ambiguo. "Creo que es fundamental que el país avance en la reglamentación del artículo 37 de la Constitución, que hace alusión a la manifestación pacífica. Es un derecho fundamental que reiteradamente la Corte Constitucional ha insistido en que sea reglamentado mediante una ley estatutaria. Ese proyecto ya existe en el Congreso y pensamos insistir el próximo 20 de julio", dijo.
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