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Al cierre de 2025, distintas ciudades capitales del país hicieron balances ciudadanos sobre la gestión de sus alcaldes, en un escenario marcado por proyectos de infraestructura, debates en materia de seguridad y cuestionamientos administrativos. Capitales como Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Cartagena, Medellín, Barranquilla, Pereira y Armenia reflejan realidades diversas, aunque comparten preocupaciones recurrentes relacionadas con la gobernabilidad, el orden público y la ejecución de los recursos públicos.
Bucaramanga: transición política y desafíos de seguridad
En Bucaramanga, el balance del año estuvo fuertemente influenciado por la destitución del entonces alcalde Jaime Andrés Beltrán por doble militancia y la posterior llegada de Cristian Portilla mediante elecciones atípicas. Ciudadanos destacaron como aspecto positivo los primeros decretos de la nueva administración, entre ellos la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en parques y zonas cercanas a instituciones educativas.
No obstante, la inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones, con reportes de aumento de hurtos y hechos violentos, situación que, según la percepción ciudadana, se habría agravado durante el periodo de incertidumbre política. A esto se suma el alto costo que representaron las elecciones atípicas, señalado como un uso oneroso de recursos públicos en medio de necesidades urgentes.
Avances en infraestructura y procesos judiciales
En la capital boyacense, Tunja, la administración del alcalde Mikhail Krasnov recibió reconocimiento por la intervención de 32 kilómetros de vías urbanas y 60 kilómetros de vías rurales, así como por alcanzar una tasa de desempleo del 8,7 %, la más baja registrada en la ciudad en los últimos años.
No obstante, su gestión también ha estado marcada por los procesos que enfrenta en los ámbitos contencioso-administrativo, disciplinario y penal. La Fiscalía le formuló cargos por la presunta comisión de delitos relacionados con interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad política de su mandato.
En Pereira, la continuidad de proyectos de infraestructura es señalada por la ciudadanía como uno de los principales logros de la administración del alcalde Mauricio Salazar. Sin embargo, este balance positivo contrasta con las cifras de seguridad, ya que la ciudad cerró 2025 con 206 homicidios, un número que encendió las alarmas en una capital tradicionalmente considerada tranquila y que, además, ha motivado críticas a los programas de atención a personas en situación de calle.
En Armenia, la gestión del alcalde James Padilla García ha despertado opiniones divididas. Mientras algunos sectores destacan los anuncios y proyecciones en materia de semaforización, obras viales y educación, otros cuestionan decisiones como la implementación de sistemas de fotodetección, la concesión de parte de la operación de tránsito y la falta de resultados visibles frente a problemáticas sociales y de seguridad.
En conjunto, estos balances evidencian que, más allá de los logros puntuales de cada administración, los gobiernos locales enfrentan un reto común: recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la seguridad y responder con mayor eficacia a las necesidades de sus comunidades.
Respaldo ciudadano, alta aprobación y reclamos por seguridad
En Cartagena, el alcalde Dumek Turbay cerró 2025 con una aprobación del 75 %, de acuerdo con la firma Invamer. Ciudadanos consultados atribuyen este respaldo a proyectos como la implementación de coches eléctricos y otras iniciativas orientadas a la modernización urbana. No obstante, la inseguridad continúa siendo uno de los principales reclamos en distintos sectores de la ciudad.
En barrios como Los Jardines, al sur de la capital de Bolívar, comunidades han optado por financiar con recursos propios sistemas de vigilancia, al tiempo que solicitan una mayor presencia policial, especialmente en horarios nocturnos. Para 2026, las autoridades han anunciado el fortalecimiento del patrullaje con apoyo de la Infantería de Marina.
En Medellín, las más recientes encuestas reflejan una aprobación del 69 % para el alcalde Federico Gutiérrez. Aunque los proyectos sociales impulsados por su administración cuentan con una valoración positiva, la seguridad y la delincuencia siguen siendo señaladas por la ciudadanía como los principales puntos débiles de su gestión.
En Barranquilla, el alcalde Alejandro Char ha sido reconocido por sus políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia. Sin embargo, la percepción de inseguridad persiste entre los habitantes, pese a las cifras oficiales que reportan una reducción en algunos delitos. A esto se suma la advertencia de sectores críticos sobre los niveles de endeudamiento público, que podrían convertirse en un reto fiscal a futuro para la ciudad.
Satisfacción con la ciudad, pero caída en la aprobación del alcalde Galán
También en la capital, la percepción ciudadana sobre la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán evidencia una brecha entre la evaluación de la ciudad y la del mandatario. Según la más reciente encuesta de Bogotá Cómo Vamos, los bogotanos reportan un aumento en los niveles de satisfacción con la ciudad, asociado a expectativas de futuro y a algunos avances en materia urbana. Sin embargo, esta valoración positiva no se traduce en una mayor aprobación del alcalde, que registra una caída frente a mediciones anteriores.
Entre los factores que más influyen en esta percepción se destaca la inseguridad, señalada de manera reiterada como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y un elemento determinante en la evaluación de la gestión distrital.
En conjunto, estos balances evidencian que, más allá de los logros puntuales, las administraciones municipales enfrentan un reto común: recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la seguridad y responder con mayor eficacia a las necesidades locales. De cara a 2026, las proyecciones de las autoridades apuntan a priorizar un mayor despliegue de las fuerzas institucionales, con el objetivo de mejorar los indicadores y la percepción ciudadana en materia de seguridad.
