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El magistrado Germán Osorio, del Consejo de Estado, decretó varias pruebas en medio del proceso de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico. El alto tribunal avanza desde agosto en el caso, que pide la salida de Zuleta del Congreso.
Zuleta es representante del gobierno de Gustavo Petro en Medellín en una mesa de 'Paz Urbana', una rama de la política de 'Paz Total' que empezó en 2023 para buscar una "estrategia sociojurídica" con las bandas criminales del Valle de Aburrá.
Hace cinco meses, la iniciativa agrupó en una tarima en el Centro Administrativo La Alpujarra al mandatario, Zuleta y nueve jefes criminales recluidos en la cárcel La Paz, de Itagüí. El Gobierno lo presentó como un triunfo de sus diálogos y desató controversia.
El abogado administrativista, William Quintero Villarreal, demandó la pérdida de investidura de Zuleta. El Consejo de Estado ha recopilado evidencia, y esta semana notificó de la orden de buscar más, en el Inpec, la Presidencia y el Senado.
La senadora envió un oficio en el que solicitó el traslado de los nueve cabecillas. El Inpec lo autorizó con una resolución el 19 de junio. El documento afirma que la carta de Zuleta no tenía número ni fecha, y el magistrado Osorio aspira a conocerla.
"Oficiar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para efectos de que se remita copia del oficio remitido por la senadora de la república, señora Isabel Cristina Zuleta López, a esa institución y a la cual hace mención la resolución", ordenó el Consejo.
El alto tribunal le pidió al Senado enviar una copia de la hoja de vida de Zuleta, y a la Presidencia, copias de las resoluciones con las que en 2023 instaló el Espacio de Conversación Sociojurídico y en 2024 nombró a sus delegados, incluyendo a Zuleta como coordinadora.
Después de recibir los archivos, el Consejo fijará la fecha para una audiencia pública para revisar el papel de Isabel Zuleta en el denominado 'tarimazo' y analizar si su intervención implica la pérdida de su cargo en el Legislativo.
El 'tarimazo' ha tenido varias consecuencias. El 12 de noviembre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política, por el evento.
La Comisión compulsó copias en agosto para que la Corte Suprema de Justicia también investigue a la congresista. El Inpec, que permitió la remisión de los presos, tendrá que responder en todas las instancias por la decisión de dejarlos salir.
En La Alpujarra estuvieron Juan Álvarez, alias 'Juan 23'; Alber Henao, 'Albert'; Carlos Mesa, 'Carlos Chata'; Freyner Ramírez, 'Carlos Pesebre'; Juan Camilo Rendón, 'Saya'; Jorge Vallejo, 'Calambre'; Walter Román, 'El Tigre'; Dayron Muñoz, 'El Indio', y Jose Muñoz, 'Douglas'.
Todos han sido condenados por concierto para delinquir, menos 'Douglas', quien de todos modos recibió en 2009 una condena de 32 años de prisión por secuestro extorsivo. Entre todos los asistentes, suman unos 155 años de cárcel por varios crímenes.
