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El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Justicia, presentó en la madrugada su primer borrador del proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, mediante la cual busca reformar la Constitución de 1991.
El documento, de 23 páginas, fue presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien argumenta que el Congreso de la República genera un “bloqueo institucional” que impide las reformas del Gobierno de Gustavo Petro y refleja una crisis profunda del Estado colombiano.
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Composición y facultades de la Asamblea
El proyecto establece que la Asamblea Constituyente estará integrada por 71 delegatarios, hombres y mujeres en paridad de género, y otorgará facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley que definan los requisitos para ser delegatario.
Montealegre sostiene que solo una Asamblea “plural, diversa y soberana” puede renovar el pacto social, desbloquear el sistema político, garantizar la paz total y hacer efectivos los derechos sociales y ambientales, respetando los límites éticos y jurídicos internacionales del Estado de derecho.
“Una nueva Constitución del cambio social”
El ministro invitó a iniciar la “gran marcha para construir la nueva Constitución del cambio social”, al considerar que la Constitución actual es la norma suprema y un “cuerpo vivo” que debe adaptarse a los cambios sociales, históricos y políticos, requiriendo una actualización profunda para cumplir sus fines de justicia, igualdad y paz.
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Entre las razones del Gobierno para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, se menciona la crisis del Estado social de derecho, reflejada en fallas estructurales en la garantía de derechos ciudadanos. El bloqueo institucional del Congreso no solo estaría deteniendo las reformas sociales, sino también debilitando la democracia y la confianza en las instituciones.
Reformas sociales y estructurales
El proyecto también plantea la ausencia de un estatuto del trabajo y protección sindical, así como la necesidad de una reforma integral al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Asimismo, promueve la garantía del derecho a la vivienda digna, la autonomía territorial indígena, la protección del campesinado y de los ecosistemas ambientales del país.
Montealegre propone además una reforma del Congreso de la República y la separación de funciones del Consejo de Estado. En materia monetaria, el texto plantea otorgar al presidente de la República facultades reglamentarias autónomas para coordinar con el Banco de la República, bajo control de la Corte Constitucional.
Participación ciudadana
Finalmente, el proyecto establece que la ciudadanía deberá responder dos preguntas en la votación nacional: si aprueba la convocatoria de la Asamblea Constituyente y si autoriza reformar toda la Constitución dentro de los límites establecidos. Este proceso contará con revisión de la Corte Constitucional para evitar vicios de trámite.
La reacción del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro reaccionó al borrador elaborado por el ministro de Justicia, señalando que este documento será revisado y corregido por las organizaciones sociales que integren el comité pro constituyente, encargado de recolectar las firmas necesarias para impulsar la iniciativa. El mandatario recalcó que el proceso busca garantizar la participación directa de la ciudadanía y no depender exclusivamente de decisiones gubernamentales.
Petro explicó que el texto definitivo será presentado al Congreso, tal como lo establece la Constitución, y destacó que se tratará de una iniciativa popular. Enfatizó que cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el propio ministro de Justicia, podrá presentar propuestas, las cuales estarán sujetas a la decisión final del comité ciudadano, reforzando así el carácter democrático y participativo del proceso.
