Consejo de Estado
Colprensa
7 Abr 2021 01:56 PM

Gobierno modificó tutelas en temas de erradicación y seguridad

Con esta medida se les quita la competencia a los juzgados regionales.
Katherine Leal
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Leal
@KT_Leal

A través del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, el Gobierno determinó que las tutelas contra actuaciones del presidente de la República en materia de seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos serán estudiadas únicamente por el Consejo de Estado.

Con esta medida se les quita la competencia a los juzgados regionales. El documento también modificó tres artículos del Decreto 1069 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.  

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En el Artículo primero se indica que se hará "modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015" y en el numeral 12 se lee textualmente: "Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado".  

De acuerdo con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, "las tutelas deberán ir al Consejo de Estado ya que se trata del juez de mayor jerarquía, el cual puede garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas".  

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Otro de los cambios que se estableció en el decreto, señala que las acciones de tutela contra el contralor general, el procurador general, el fiscal general, el registrador nacional, el defensor del Pueblo, el auditor general, el contador general, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las determinaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, serán competencia de los Tribunales Administrativos o Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

La decisión del Ministerio de Justicia se presenta en medio del debate por el retorno de la aspersión aérea con glifosato, el cual estaba suspendido desde 2017 por la Corte Constitucional, en respuesta a una acción de tutela donde se le pidió al Gobierno la participación de las comunidades en el debate.