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El Gobierno nacional está evaluando la eliminación de la prima especial de servicios que reciben los congresistas, un beneficio creado en 2013 y que hoy representa cerca de 15 millones de pesos mensuales.
Origen de la prima
La prima especial de servicios fue establecida durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Inicialmente, el monto era de 7,8 millones de pesos y reemplazó las primas de salud, localización y vivienda que recibían los congresistas. Estas primas anteriores fueron eliminadas tras una decisión de la Corte Constitucional, luego de una demanda ciudadana.
Con el tiempo, el valor de la prima aumentó hasta ubicarse en alrededor de 15 millones de pesos. La eliminación de este beneficio ha sido objeto de varios proyectos de ley, ninguno de los cuales ha prosperado.
El borrador del decreto
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un borrador de decreto legislativo que busca derogar el Decreto 2170 de 2013. Según el documento, “se deroga el Decreto 2170 de octubre 4 de 2013 por el cual se establece una prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026”.
El borrador también señala que “conforme lo establece el artículo 138 de la Constitución Política no se reconocerá ni pagará a los congresistas la prima creada mediante el Decreto 2170 de 2013 ni cualquier otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicha disposición”.
El decreto, según el texto oficial, “surte efectos fiscales a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”. Además, el documento recuerda que la Corte Constitucional determinó que las primas de salud, localización y vivienda “no son obligatorias o forzosas para el Ejecutivo, que en sus decretos puede o no contemplarlas según que, en su concepto, las circunstancias lo justifiquen o no”.
Impacto sobre otros salarios del Estado
Aún no está definido si esta medida se aplicará para desligar los salarios de los congresistas de los de otros funcionarios públicos cuyos ingresos dependen de los incrementos legislativos, como miembros de la rama judicial, soldados, policías, fiscales y funcionarios de la Contraloría.
El Gobierno argumenta que la medida busca “reorientar una senda de gasto y adoptar medidas de austeridad inmediatas en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos” y que se trata de evitar distorsiones en la escala salarial del sector público.
