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El asesinato de Miguel Uribe y las palabras de su viuda de no impunidad ejercen presión sobre los órganos investigativos en Colombia para que capturen y entreguen a los autores intelectuales.
Y en la Policía y la Fiscalía son conscientes de eso. Hoy habrá una reunión de alto nivel para que la Fiscalía les dé unas órdenes a la policía judicial y puedan avanzar en la investigación. Para la Policía sí hay claras pruebas de que la Segunda Marquetalia está involucrada, y tienen claros los enlaces entre ese grupo de las disidencias, el "costeño" y la banda que ejecutó el asesinato de Miguel Uribe. La Policía siente que se han estancado en la investigación y que necesitan la luz verde para avanzar.
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Hablando de peleas y discusiones, ayer algunos interpretaron la salida de Mari Claudia Tarazona y del padre de Miguel Uribe justo cuando iba a entrar el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Pudo averiguar si se trató de un gesto de desagrado?
Pues, me dicen personas cercanas que fue solo una coincidencia que salieran cuando entraba Benedetti. La verdad es que estaban exhaustos y se fueron una vez el féretro entró en la cámara ardiente. Llevaban toda la tarde esperando porque el féretro se retrasó, pero no se trató de un desplante porque, además, ella había hablado de no actuar con odio ni venganza. Es más, María Carolina, la hermana de Miguel, sí se quedó un rato más y abrazó a Armando Benedetti, a quien conocen de hace muchos años. Además, Miguel manejó la política de juventudes en una de las campañas de Benedetti al Senado en 2010 con el Partido de la U.
También avanza la conformación de la terna para elegir al próximo magistrado de la Corte Constitucional. El jueves son las entrevistas y, por supuesto, se calienta la pelea.
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Sí, señor. Y empiezan a salir "peros" contra uno de los más opcionados, porque en la elección de los 15 fue una de las mayores votaciones. Se trata del magistrado Pedro Oriol Avella, que tiene varias investigaciones vigentes en su contra. En la primera, por incumplir una tutela; en la segunda, por un delito contra la administración pública: "presuntas irregularidades atribuidas a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Pedro Oriol Avella Franco, William Salamanca Daza y María Idalí Molina, relacionadas con el trámite de los procesos de extinción de dominio del Castillo de Marroquín y demás inmuebles pertenecientes al fallecido Camilo Zapata Vásquez". Y en la tercera de 2016 dice: "El denunciante indicó haber recibido un anónimo contra el doctor Pedro Oriol Avella, por posibles hechos de corrupción, señalando textualmente...". Es una elección muy importante y se deben examinar con mucho cuidado los nombres que son puestos a consideración del Senado de la República.
