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Continúa creciendo la novela política tras la renuncia de Daniel Quintero a su participación en la consulta presidencial del Pacto Histórico que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.
Aunque la MOE y otros expertos han dicho que Quintero ya no puede ser candidato por otro partido y que los resultados de esa votación para él deben ser vinculantes, el exregistrador delegado para asuntos electorales, Nicolás Farfán, tiene otra tesis.
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Según Farfán, Quintero no está inhabilitado para ser aspirante por otro partido político, teniendo en cuenta que él jamás autorizó su inscripción por una colectividad distinta al Pacto.
“Si él no fungió como precandidato ni de la UP, ni del Partido Comunista, ni del Polo Democrático, pues no estaría inhabilitado para participar en una eventual consulta interpartidista en marzo del otro año, o inscribirse directamente a la primera vuelta electoral de mayo del 2026”, sostuvo en diálogo con La Fm.
También cuestionó que la Registraduría no haya informado claramente cuál es el carácter de la consulta popular del 26 de mayo.
“Lo que él alega es que él no tiene que renunciar en la medida en que no se inscribió por esos partidos, sino por el Pacto Histórico y que cualquier modificación que hiciera la Registraduría para transformar la consulta de partidista a multipartidista, debió ser consultada con él, si eso es cierto, yo no vería que se cumplen las condiciones de la ley 1475 y por ende no estará inhabilitado”, dijo.
En caso de que la consulta se caiga por posibles demandas, los resultados obtenidos ese día no serán vinculantes, pero según Farfán, el verdadero problema está en que la tarjeta electoral puede confundir al electorado porque las mismas incluyeron el logo del Pacto Histórico cuando eso no fue autorizado por el Consejo Electoral.
“La eventual nulidad vendría porque se está engañando al elector porque cree que se está votando por una consulta del Pacto Histórico, cuando en realdad se está votando una consulta interpartidista de los tres partidos ya mencionados”, dijo.
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“Las autoridades deben analizar si hay un detrimento patrimonial por haberse gastado más de 200.000 millones de pesos del tesoro nacional en una consulta que no está dando los resultados que son”, añadió.
Advierte además que se debería hacer una evaluación disciplinaria por la impresión de la tarjeta electoral que no refleja la realidad jurídica de la consulta del Pacto Histórico y los partidos que lo conforman.
