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Una grave denuncia dieron a conocer varios abogados en el país que, si bien se encuentran aspirando a la convocatoria pública para el cargo de magistrados y jueces, hoy exigen transparencia en el proceso de selección.
Nidia Gómez, oficial del Circuito del Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga, alertó que en la actualidad, son unos 1500 profesionales del derecho los que se han visto afectados. En el caso de Antioquia, asegura que podrían ser más de 300.
Explicó que en el año 2018, el Consejo Superior de la Judicatura abrió la Convocatoria 27 de selección por méritos, de jueces y magistrados. Sin embargo, durante estos años, los mismos profesionales que hoy aspiran se han sentido perseguidos y vulnerados.
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"Hemos sido excluidos del concurso de manera oscura y arbitraria durante por lo menos cuatro eventos. El último que nos convocó era el 20 % y , esto significa que, 3800 personas le demostraron al Estado que tienen la capacidad para ser jueces. Sin embargo, con un 20 % nos excluyeron a través de un curso de Formación Judicial arbitrario, solo para sacarnos", denuncia la profesional
En el caso de Antioquia, la abogada Nidia Gómez indicó que, esta región, podrían ser más de 300 personas las afectadas. "En Antioquia hay más de 300 personas interesadas en le proceso", reiteró Gómez.
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Agregó que, hasta el momento, un perito ha identificado varios errores en el Curso de Formación y en su evaluación. Este concluyó que no se cumplió con los parámetros necesarios para educar y medir adecuadamente las competencias establecidas por la ley, necesarias para formar futuros jueces. Además, afirmó que fue una evaluación confusa que induce a error.
"Lo que pedimos es que se repita el camino, se repite el curso de formación judicial, pues somos 1500 afectados, los mismos que le hemos demostrado al Estado que tenemos todas las capacidades para ser jueces", concluyó.
De acuerdo con la abogada, la Escuela Judicial Lara Bonilla es la dependencia del Consejo Superior de la Judicatura, y responsable del Curso de Formación, la misma que contrató a una unión temporal sin experiencia en formación y evaluación judicial.
La profesional finalizó manifestando que, dicho concurso le ha costado al Estado más de 26.000 millones de pesos y se ha convertido en el más largo de los últimos 30 años, con una duración de ocho años, frente otros que habitualmente suelen concluir en un período de cinco años.
