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La bancada del Pacto Histórico presentó una denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por lo que consideran una "persecución política" contra el presidente Gustavo Petro.
Los congresistas calificaron la formulación de cargos contra el mandatario por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) como un intento de "golpe de Estado encubierto".
“Nos dirigimos respetuosamente a su alta oficina para denunciar los graves hechos que actualmente amenazan la estabilidad democrática de nuestra nación y el mandato constitucional del presidente Gustavo Petro”, se lee en la carta firmada por 22 congresistas.
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En la denuncia, los legisladores expresaron su preocupación por lo que describen como "maniobras" que buscan socavar la legitimidad del gobierno de Petro, quien fue elegido por más de 11 millones de colombianos. Según el documento, estas acciones no solo representan un ataque a la gobernabilidad del país, sino también a los principios democráticos y el Estado de Derecho.
“Esta situación, que algunos sectores ya han denominado un golpe de Estado encubierto, es impulsada por poderosos grupos económicos y políticos que, al no aceptar el resultado democrático han decidido forzar la interrupción del mandato presidencial mediante acciones jurídicas y políticas antidemocráticas”, aseguran.
El Pacto Histórico considera que el CNE se está extralimitando en sus funciones y que esta investigación “tiene un carácter claramente político”, diseñado para deslegitimar y debilitar al presidente, violando sus derechos políticos.
“La actuación del CNE vulnera de forma grave el derecho del presidente Petro a comparecer ante su juez natural en tanto es la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes la competente para investigar y acusar al presidente de la República en ejercicio y no una entidad administrativa como lo es el CNE”, aseguran los congresistas.
La denuncia concluye con una solicitud a la ONU para que manifieste su preocupación por la situación en Colombia, haga un llamado a la defensa del mandato popular y active mecanismos de observación a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
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