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El exfiscal general Francisco Barbosa explicó en entrevista con La FM Fin de Semana cuáles serían los pasos judiciales que enfrentarían Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos, luego de su captura en el marco de una acusación formal (indictment) por delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo y manejo de armas, según lo expuesto por las autoridades norteamericanas.
Barbosa señaló que la captura tiene como propósito activar formalmente el proceso penal, en el cual el indictment es puesto a disposición de un juez para dar inicio al juicio. Indicó que este mecanismo permite estructurar los cargos y abrir la fase procesal correspondiente bajo el sistema judicial estadounidense.
El exfiscal detalló que los delitos imputados incluyen conspiración para importar cocaína y para usar armas contra Estados Unidos, y sostuvo que, desde la perspectiva de ese país, “se puso en juego la seguridad interna de los Estados Unidos”, lo que habilita la actuación de su justicia penal.
¿Cómo avanza el proceso judicial en Estados Unidos?
Según Barbosa, una vez presentado el indictment, el caso entra en la etapa judicial en la que un juez evalúa los cargos y se define el curso del proceso. Explicó que en Estados Unidos existe la figura de la justicia negocial o delación, por lo que el acusado puede buscar acuerdos con la fiscalía a cambio de información, como ha ocurrido con otros implicados.
Añadió que el narcotráfico es considerado un delito que afecta directamente la seguridad interna estadounidense, y que por ello se vincula con cargos de terrorismo, especialmente cuando se investiga la posible utilización de armas contra su territorio. En ese contexto, indicó que para los fiscales Maduro es señalado como jefe del “Cartel de los Soles”.
¿Qué alcance tienen los cargos y sus efectos regionales?
Barbosa explicó que, al tratarse de delitos transnacionales, estos pueden ser juzgados aunque se hayan cometido fuera del territorio estadounidense, siempre que afecten a ese país. Recordó que existen precedentes de acciones similares y que, en este caso, la actuación se justifica porque los delitos se dirigían contra intereses de Estados Unidos.
El exfiscal afirmó que la ausencia de un estado de derecho y de un poder judicial autónomo en Venezuela impide una cooperación judicial ordinaria, lo que refuerza la intervención del sistema estadounidense. También advirtió que eventuales colaboraciones ante la justicia de ese país podrían aportar información sobre redes criminales y flujos de dinero en la región.
En relación con Colombia, sostuvo que dichas colaboraciones podrían derivar en nuevas líneas de investigación y observación por parte de la justicia norteamericana, en la medida en que el país es un actor central en el problema del narcotráfico.
Sobre el escenario institucional venezolano, Barbosa afirmó que no existe interlocución con la fiscalía de ese país debido a la cooptación de las instituciones, y señaló que organizaciones criminales como el Tren de Aragua ya son consideradas por Estados Unidos como estructuras terroristas internacionales, lo que guarda relación con el proceso judicial contra Maduro.
Finalmente, explicó que el marco jurídico internacional permite acciones para proteger poblaciones ante violaciones de derechos humanos y frente a estructuras criminales, y reiteró que, desde la óptica del proceso penal, “la soberanía no cubre el crimen, no cubre el narcotráfico y no cubre la delincuencia”.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
