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El próximo martes 12 de agosto, a partir de las 9:00 a. m., las comisiones económicas del Congreso de la República iniciarán el debate del Presupuesto General de la Nación para 2026. A la sesión están citados el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina; el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás; el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un concepto previo desfavorable frente a la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda y a la decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de modificar el plan fiscal de 2026. Según el organismo, la medida carece de sustento técnico y envía señales de desorden en la planeación fiscal, en un contexto económico complejo.
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Recordemos, que el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por un total de $556,9 billones, de los cuales $26,3 billones están condicionados a la aprobación de una nueva reforma tributaria.
En su análisis, el CARF señaló que el incremento del gasto primario y del déficit primario, anunciado apenas un mes después de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), refleja “serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país”. De acuerdo con el nuevo escenario aprobado por el Confis, el gasto primario crecerá en 18,2 billones de pesos (0,9 % del PIB) y el déficit primario pasará de 1,4 % a 2 % del PIB, mientras el déficit fiscal se mantendrá en 6,2 % del PIB.
Aumento del gasto y fuentes inciertas
Del incremento total del gasto, el Gobierno proyecta destinar 7,2 billones de pesos al aseguramiento en salud, 5,7 billones a subsidios de energía y gas, y 5,9 billones a inversión. También prevé mayores ingresos por 8,2 billones y una reducción en el pago de intereses por 10 billones. Sin embargo, el CARF advirtió que gran parte de estas fuentes son transitorias o inciertas.
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“La ley de financiamiento es, por ahora, un plan incierto”, señaló el Comité, al advertir que los recursos de capital adicionales tienen carácter excepcional. Añadió que las decisiones recientes “minan la confianza en la institucionalidad, en los instrumentos de planeación fiscal y en el plan de ajuste de las finanzas públicas”. Según el organismo, tras la activación de la cláusula de escape para las vigencias 2025-2027, la recuperación de la confianza exige medidas más contundentes y un compromiso firme con las metas definidas por el Confis.
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