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El representante a la Cámara, Óscar Villamizar, radicó oficialmente ante la Corte Penal Internacional (CPI) la solicitud de investigación al exsecretariado de las extintas Farc.
La petición se originó tras la condena impuesta por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a ocho años por más de 21 mil secuestros, que ha sido catalogada como "irrisoria" por el legislador del Centro Democrático.
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El documento radicado solicita “a su Fiscalía reabrir la observación del caso de Colombia y, si las condiciones lo permiten, asumir la competencia sobre los procesos penales que involucran crímenes de guerra y de lesa humanidad, ante la evidente incapacidad del Estado colombiano para garantizar justicia plena y efectiva”.
Según Villamizar, “nos amarraron conejos en los acuerdos contra las Farc”. Sin embargo, fue enfático en señalar que eso “no va a volver a pasar”.
Por eso, en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma, radicó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la solicitud de investigación “por esa burla de los ocho años de sanción a los miembros del secretariado de las Farc”.
La solicitud, critica que a los exintegrantes del grupo armado no se les haya establecido “un perímetro o lugar de cumplimiento de la sanción”, al mismo tiempo, cuestiona la posibilidad que se les otorgó para continuar en el Congreso.
“Hay dos que hoy ostentan la dignidad de senadores de la República: los señores Pablo Catatumbo Torres Victoria y Julián Gallo Cubillos, a quienes, a pesar de la gravedad de los delitos y la naturaleza de las sanciones, no se les restringió el ejercicio de su actividad congresional, que se desarrolla de forma presencial en Bogotá”, se lee en la misiva.
Para el representante del Centro Democrático, “Colombia tiene la obligación de investigar, perseguir y sancionar de manera proporcional a quienes cometen delitos de lesa humanidad”.
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Por eso, advierte que el proceso “no puede pasar de agache”, al afirmar que Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Miguel de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, “secuestraron civiles y policías, reclutaron de manera forzada menores de edad, abusaron sexualmente ellos y a muchos otros los asesinaron”.
Incluso, el congresista aprovechó para hacer una advertencia en contra de la JEP: “La Justicia Especial para la Paz no es más que impunidad para los bandidos. No fueron capaces y no quisieron juzgar de manera proporcional al secretariado de las Farc, y ahora le toca a la Corte Penal Internacional hacerlo. En el 2026 acabamos la JEP”.
