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La reforma constitucional que pretende instaurar la prisión perpetua para castigar a los violadores de niños en Colombia culminó su trámite en el Congreso de la República, tras ser aprobada en último debate en la plenaria del Senado con 75 votos.
El acto legislativo fue respaldado por las mayorías de la corporación y tan solo le falta ser promulgado en el Diario Oficial para que pueda entrar en vigencia.
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La nueva norma constitucional establece que la condena de cadena perpetua podrá ser revisada a los 25 años para evaluar la resocialización del criminal. Sin embargo, el senador Miguel Ángel Pinto explicó que esto no significa que habrá excarcelación.
“El país puede tener la seguridad que la prisión perpetua no es para que los condenados puedan salir a los 25 años; tengan la plena seguridad de que si fuera así, no estaría respaldando este proyecto, estaría votando en contra”, señaló.
Durante la discusión, la plenaria rechazó una proposición del senador John Milton Rodríguez, quien proponía ampliar la revisión de la sentencia a los 40 años, argumentando que eso obligaría un trámite de conciliación y retrasaría aún más la puesta en marcha de la reforma.
“Yo voto que sí a este proyecto con la condición de que en la ley estatutaria que reglamentará el acto legislativo se garantice que estos criminales no salgan de la cárcel a los 25 años”, indicó Rodríguez.
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La discusión del acto legislativo de prisión perpetua se retrasó varias horas debido a una recusación que fue presentada por un ciudadano, con la cual se buscaba que los senadores se declararan impedidos. El presidente de la corporación, Lidio García, resolvió la situación poniendo a la plenaria a votar para poder negarla.
“Yo no tengo otra salida y esta decisión la toma el máximo órgano del Congreso de la República, que es la honorable plenaria del Senado”, manifestó.
El senador Santiago Valencia cuestionó duramente a quien insistió en utilizar esta “jugadita” para paralizar el Congreso.
“Deberíamos mirar si incluso a esta persona le cabe una denuncia penal por sabotear un poder público, porque está saboteando un poder público, está impidiendo que el Congreso de la República con sus mayorías tome decisiones, y si este antecedente se aprueba, que sería gravísimo, nada impide que de aquí en adelante, cualquier ciudadano abusando de su derecho recuse a cualquier congresista para acabar con cualquier proyecto de ley o de acto legislativo, anulando la capacidad el Congreso”, manifestó.
La oposición no votó esta reforma argumentando que viola la Constitución y por eso la bancada decidió retirarse de la sesión.
