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La Defensoría del Pueblo presentó el quinto Informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en él se determinó que mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, difícilmente habrá reforma rural y el debido cumplimiento de la política de restitución de tierras se verá retrasado.
Además, la entidad advirtió que el acceso a la tierra y su formalización no podrán ser posibles si hay actores armados al margen de la ley que promuevan ocupaciones ilegales y actividades que derivan en economías ilícitas.
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Por su parte, lo que tiene que ver con el enfoque transversal de género, el defensor Camargo aseguró que continúan enfrentando barreras especialmente en temas de derechos a condiciones de vida dignas, a la tierra y la participación.
"Lamentablemente está ralentizando el cumplimiento del Acuerdo Final porque, mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, no habrá reforma rural, los desplazados verán como una utopía el retorno a sus territorios; además, habrá un retraso con el cumplimiento a cabalidad de la política de restitución de tierras”, dijo el Defensor.
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Camargo, reiteró de manera especial que no habrá paz y menos total si en los territorios no es garantizado el proceso de retorno.
Del mismo modo, destacó que no hay claridad en la forma de ingreso de los bienes al Fondo de Tierras. Aunque se alude una cifra que supera los dos millones de hectáreas.
“La política de restitución de tierras presenta un serio atraso histórico. Las metas propuestas a diciembre del 2023 no alcanzaban el 50% de su ejecución, razón por la cual desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos a la Unidad de Restitución de Tierras que propusiera un plan de choque", enfatizó el Defensor.
A pesar de las críticas, la Defensoría exaltó que hubo un gran avance en la implementación de la Jurisdicción Agraria, con al Acto Legislativo 03 de 2023.
Así como en la constitución de las zonas de reserva campesina, los planes de acción para la transformación regional, la Política Nacional de Drogas, los mecanismos del sistema de justicia transicional, entre otros.
