La FM en Google News
Unos cinco mil integrantes del sistema de defensa pública no han recibido los honorarios de fin de año. El gremio, en el que cada miembro alcanza a cargar con cerca de cuatrocientos casos de personas procesadas que no pueden pagar un abogado particular, se avista preocupado.
La denuncia salió a la luz el 25 de diciembre, el jueves de Navidad. El Colegio de Abogados Penalistas, la asociación académica más grande de Colombia en el derecho penal, llamó la atención en sus redes sociales por el incumplimiento en los pagos.
"No hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna", sentenció el Colegio, que se refiere a los defensores y las defensoras públicas como "el eslabón más débil de la cadena del sistema penal", por los compromisos que deben asumir en medio de sus labores.
La Defensoría asegura que su intención era pagar antes de las festividades, pero que el Ministerio de Hacienda no lo permitió. El episodio muestra una nueva disputa entre la entidad encargada de vigilar los derechos humanos en el país y la que controla los desembolsos.
No es una confrontación nueva. A lo largo del año, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro —que ternó a Iris Marín en 2024 para encabezar la Defensoría— ha negado peticiones del órgano adscrito al Ministerio Público, a diferencia de, por ejemplo, las de la Procuraduría.
En los pulsos económicos el Gobierno impone y la Defensoría pierde
El Congreso le avaló al Ejecutivo un presupuesto de $546,9 billones para 2026. En el primer debate, cuando las comisiones económicas cortaron diez billones de lo que el Gobierno radicó inicialmente, la Procuraduría iba a recibir $1,51 billones. En segundo, la cifra fue de $2,1 billones.
La amplificación coincidió con la aprobación de la Universidad de la Procuraduría, un proyecto insignia del procurador general, Gregorio Eljach, y el avance de la conmemoración del bicentenario del ente de control, con la que la Nación se comprometió a entregar unos $200.000 millones.
En contraste, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la cartera de Hacienda, la principal involucrada en el impulso del presupuesto general en el Legislativo, unos $1,34 billones, teniendo en cuenta su presupuesto actual, la inflación y la llegada de un año electoral.
Tanto la agencia que lidera Germán Ávila como el Congreso ignoraron la petición. La propuesta del Ejecutivo rondó los $1,21 billones, y el Congreso finalmente asignó $1,19 billones, que representan una reducción de aproximadamente $60.000 millones frente a los rubros actuales.
Iris Marín reconoció que este año la Defensoría no tuvo los recursos suficientes para "el pago oportuno" de los defensores públicos, aunque cada uno "lleva más procesos de los que es razonable". Hacienda se comprometió a girar en enero de 2026 la plata de los honorarios de diciembre de 2025.
"Es hora de hablar de los abusos"
La funcionaria grabó un video para los contratistas de la entidad y para el equipo de defensa pública. En él ratificó que, de acuerdo con una comunicación del ministerio, no se podrá pagar oportunamente ningún contrato de prestación de servicios.
"Esta situación es completamente ajena a las competencias y decisiones de nuestra institución", sostuvo la abogada constitucionalista. La Constitución señala que la Defensoría tiene autonomía administrativa y presupuestal, lo que la ex magistrada auxiliar cuestiona.
A pesar de la mentada independencia, El Gobierno asignó a su parecer el presupuesto que consideraba adecuado para la Defensoría, el Congreso lo disminuyó, y en diciembre llegó la notificación de que no habría pagos para más de cinco mil contratistas y defensores.
Los recursos "estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto", como narró Marín en su cuenta de X. Además, estaban "comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas".
"¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?", reparó Marín. El Colegio de Penalistas afirma que "la defensoría pública no es prioridad del Estado". "Es hora de hablar de los abusos que se cometen contra los defensores", concluye.
