Víctimas piden procesar a conductor y a hermanos de Carlos Mattos

Según Bernate, es imprescindible investigar a quien fuera el hombre de confianza de Mattos.
Carlos Mattos al llegar extraditado a Colombia
Carlos Mattos llegando al aeropuerto El Dorado tras ser extraditado desde España. Crédito: Policía Nacional

El abogado Francisco Bernate, representante legal de la Rama Judicial, pidió que sean vinculadas tres personas más a la investigación por el denominado escándalo Hyundai.

En dicho caso se adelanta un preacuerdo con el empresario Carlos Mattos, procesado por el pago de millonarios sobornos a funcionarios y empleados de dos juzgados del país para verse beneficiado con las medidas cautelares.

Según Bernate, es imprescindible investigar a quien fuera el hombre de confianza de Mattos. Se trata de Juan Carlos Cuervo, quien fue su conductor y escolta, y además apareció en el video que publicó Noticias Caracol en el que se destaparon las salidas clandestinas de la cárcel La Picota que que generaron un revolcón al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Lea además: El Inpec tiene nuevo director tras el escándalo de las salidas de Carlos Mattos

El reconocido penalista indicó que Cuervo fue fundamental en la entrega de los millonarios sobornos a la exjuez civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández y al juez sexto civil municipal de Bogotá, Reinaldo Huertas, además de otros funcionarios de la Rama Judicial, con los que se buscaba que Mattos saliera beneficiado del litigio judicial en el que se definía la comercialización y venta de los vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.

A raíz de este caso de corrupción judicial, se han emitido once condenas contra varios de los procesados. “Pedimos que el señor conocido como Juan Carlos, presunto conductor y escolta (de Carlos Mattos) quien fuera mencionado por varios de los condenados como el que hizo entregas de dinero para sea puesto a disposición de las autoridades”, dijo Bernate.

Durante su exposición también pidió que sean investigados los hermanos del empresario Carlos Mattos, quien luego de la polémica que generaron sus salidas de La Picota, fue recluido bajo extremas medidas de seguridad en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

Argumentó que Jorge y Alfonso Mattos (hermanos de Carlos Mattos), supuestamente viajaron en el año 2016 a la capital del departamento de Santander a reunirse con los asistentes del juez sexto civil municipal de Bogotá, Reinaldo Huertas, para concretar la fecha de la entrega de los sobornos y cómo se desarrollaría el proceso.

El representante de la Rama Judicial también dijo que pese a que el conductor y los hermanos de Mattos, fueron mencionados dentro del proceso, todavía no han sido vinculados a ninguna investigación formal.

Vea también: Caso Carlos Mattos: Esta semana se define preacuerdo con la Fiscalía

En este caso se le relaciona con los pagos que se hicieron a la juez 16 Civil Municipal Ligia del Carmen Hernández, con el fin de beneficiarse de las decisiones que adoptara para continuar liderando el monopolio de la venta de carros Hyundai en Colombia. En total se le entregaron 100 millones de pesos.

Por estos hechos, Hernández fue condenada a 12 meses de prisión tras aceptar los cargos. Cabe recordar que Mattos es investigado en este proceso por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

En el preacuerdo se determinó que el empresario deberá purgar 32 meses de prisión y pagar una multa de ($30.639.389).

"Se compromete a publicar un comunicado de excusas públicas por su conducta, la cual se tradujo en la lesión al bien jurídico tutelado de la Administración Pública, a la par que se compromete a no volver a cohechar a servidores y funcionarios públicos", señala el documento.

También se establece que deberá pagar un millón de dólares "el señor Carlos José Mattos Barrero, con el fin de reparar los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible que le fuera enrostrada en la acusación aquí reseñada, para cumplir anticipadamente con la reparación integral se compromete a entregar la suma de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$1.000.000)", también destaca el documento.

El pago deberá hacerse de la siguiente manera: 500.000 dólares, serán consignados ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Deaj), en la cuenta que indique dicha entidad y los restantes 500 mil dólares, se consignarán a órdenes de la Fiscalía General de la Nación.

"Carlos José Mattos Barrero se compromete a manifestarle al Reino de España que no se acogerá a los términos del acuerdo bilateral de extradición, sino que se someterá sin condicionamiento alguno a la justicia colombiana, en el entendido que fue en la República de Colombia donde se produjeron las lesiones a los bienes jurídicamente tutelados y donde actualmente se encuentra adelantándose su juzgamiento", advierte el preacuerdo.

Consulte aquí: Las críticas que le hizo la Procuraduría al preacuerdo entre la Fiscalía y Carlos Mattos

El otro caso

El segundo preacuerdo con el empresario Carlos Mattos, es por los hechos que se registraron con el juez sexto civil de Bogotá, Reinaldo Huertas y el pago de millonarios sobornos para resultar favorecido de sus decisiones judiciales.

El empresario está relacionado con dos casos de corrupción judicial, como el pago de un soborno al juez sexto civil de Bogotá Reinaldo Huertas, con el fin de que lo favoreciera en un millonario pleito judicial para lograr la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el soborno que supuestamente fue entregado al juez Huertas ascendió a los 700 millones de pesos.

Precisamente, por este caso se acordó una condena de 56 meses de prisión (es decir cuatro años y seis meses). De igual forma, deberá contar todos los detalles de cómo se planificó y perpetró el soborno, además de pagar una indemnización de un millón de dólares y comprometerse a servir de testigo dentro del proceso.

Por los dos procesos de corrupción judicial, el expresidente de Hyundai en Colombia pagaría siete años de cárcel y una reparación de dos millones de pesos a la Rama Judicial.


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