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La Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos históricos del país, fue denunciada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras el retiro del pliego de peticiones presentado por la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), lo que ha sido interpretado como un acto de represalia contra trabajadores que venían denunciando irregularidades internas.
Según Ariel Corzo Díaz, dirigente nacional de la USO y denunciante ante la ONU, esta decisión fue tomada de manera unilateral, sin consulta ni votación, y responde a las denuncias sobre presuntos actos de corrupción, violaciones a la jornada laboral, incumplimientos en la aplicación de la convención colectiva USO-Ecopetrol, y recortes en la planta de personal en Ecopetrol y su filial Cenit.
"Los trabajadores de la Subdirectiva afirman que esta decisión se tomó como castigo y represalía tras las denuncias que venían realizando sobre presuntos actos de corrupción, violación a la jornada laboral, al cumplimiento de la convención colectiva USO- Ecopetrol, cumplimiento de la sustitución patronal entre Ecopetrol y Cenit, reducción de la planta de personal al interior de Ecopetrol y Cenit. Esto desencadenó en el castigo que hoy vemos; fuimos silenciados por nuestra propia dirigencia. No hubo votación. No hubo consulta. Solo una orden de arriba para desmontar la representación de una base sindical incómoda", afirmó el dirigente nacional de la USO Ariel Corzo.
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El líder sindical rechazó esta acción que era muy importante en la lucha sindical que se vive en el sector del petróleo.
“Esto evidencia que uno de los sindicatos más sólidos hasta la fecha, ha sido tomado por intereses políticos, manejos corruptos y pactos de silencio encabezados por su presidente César Loza Arenas, conllevando a estas fracturas internas sin precedentes”, dijo.
Apuntó que de esta forma se evidencia que la Unión Sindical Obrera, símbolo histórico de los derechos laborales, atraviesa su peor crisis institucional.
“Lo que antes fue una organización al servicio de los empleados, hoy opera como un aparato de censura, exclusión y represión interna que al parecer actúa bajo las órdenes de la administración de Ecopetrol, contra quienes se atreven a denunciar actos de corrupción o a tener una visión diferente de la relación de los trabajadores con la empresa que los emplean”, dijo.
Afirmó que se está cometiendo un atentado contra las organizaciones sindicales en el país.
"Lo que se busca ahora es aún más grave: desaparecer de facto la aplicación de la Convención Colectiva USO- Ecopetrol, para los trabajadores afiliados a la Subdirectiva Única de Oleoductos - SUO. Es decir, eliminar los derechos convencionales de una subdirectiva entera como represalia política, desmontando beneficios históricos conquistados con años de lucha obrera. El mensaje es claro: quien denuncia corrupción, pierde sus derechos", agregó Corzo.
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Apuntó que la convención colectiva es un derecho y no puede ser revocada por capricho, presión política o retaliación.
“Lo que se denuncia aquí es un pacto entre una dirigencia sindical corrupta, intereses empresariales dentro de Ecopetrol y la indiferencia absoluta del Estado colombiano, que ha guardado silencio frente a este despojo. La USO de estos tiempos, conducida por una fracción minoritaria, ya no es un sindicato al servicio de los trabajadores. Hoy es un aparato de represión interna, persigue, silencia y elimina toda disidencia”, indicó.
Ariel Corzo Díaz, dirigente nacional de la USO y denunciante ante la ONU, afirmó que ha sido víctima directa de esta maquinaria de persecución.
“Tras ser elegido tesorero nacional por votación democrática en noviembre de 2022, fue desconocido por la cúpula sindical, excluido de todas las comisiones y silenciado. La razón evidente es que no se prestó para las maniobras oscuras con las que mueven el dinero fruto del recaudo de la cuota sindical que deben pagar los trabajadores, por eso y de manera ilegal fue despojado de su fuero y de su permiso sindical permanente. Todo esto, con la presunta coparticipación directa entre el presidente Nacional de la USO y la Gerencia de Gestión Laboral y Sindical de Ecopetrol entre otros directivos de la empresa”, denunció.
Agregó que frente a esta problemática además enfrenta riesgos de perder su esquema de seguridad personal, asignado desde 2008 por amenazas previas derivadas de su labor sindical y laboral.
“Esta situación fue formalmente denunciada ante los Relatores Especiales de la ONU en Ginebra. Por lo que ha solicitado medidas urgentes para la protección de su vida, la restitución de sus derechos y garantías de no repetición, no solo para él, sino para todos los trabajadores que hoy están siendo afectados”, puntualizó.
