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El presidente de la República, Gustavo Petro solicitó, a través de su abogado Alejandro Carranza, ser declarado como víctima en desarrollo del juicio que se sigue contra el contra el exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Andrés Peñate Giraldo, acusado de participar en el escándalo de las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales de la que fueron víctimas magistrados, políticos de oposición y periodistas.
“El daño que sufrió el entonces senador Gustavo Petro frente a las presuntas conductas que se acusan consistió en afectar su libertad y su ejercicio democrático. El hecho de que el Estado hubiera utilizado sus instrumentos de persecución, de investigación para poder afectarlo en esos derechos de intimidad, en ese ejercicio legítimo de la acción política, pues constituyó su señoría un perjuicio y un daño”, dijo el abogado Carranza.
Esta solicitud fue realizada en medio de la audiencia en la que la Fiscalía acusa a Peñate Giraldo, quien fungió como director del DAS, entre los años 2005 y 2007, como supuesto autor del delito de concierto para delinquir agravado.
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Según es escrito de acusación de la Fiscalía, el exdirector del Das supuestamente desde el 26 de octubre de 2005 al 29 de agosto de 2007 formó parte de una empresa criminal que estableció objetivos estratégicos que se desarrollaron hasta el año 2008 atendiendo requerimientos específicos provenientes de funcionarios de la Presidencia de la República.
“Activó el ciclo de inteligencia con motivos y métodos ilegítimos en la ejecución de acciones de inteligencia con intereses particulares, contra la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados, los Congresistas Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Gustavo Francisco Petro Urrego, y el periodista Daniel Alfonso Coronell Castañeda, no estando dichas actividades enmarcadas dentro de los objetivos misionales del DAS, tampoco afectaban la gobernabilidad ni la seguridad nacional, siendo catalogados como "blancos políticos", en la época en que los magistrados instruían procesos penales contra excongresistas por lo que se denominó como la "parapolítica", ante los pronunciamientos que realizaban los exsenadores y con ocasión a los artículos que el periodista publicaba”, se señala en el documento conocido por La FM.
De acuerdo con los investigadores, Andrés Peñate de manera permanente y sistemática supuestamente acordó con sus subalternos María Del Pilar Hurtado, exsubdirectora, William Gabriel Romero Sánchez, exsubdirector de Fuentes Humanas, Jorge Alberto Lagos León, exsubdirector de Contrainteligencia, Martha Inés Leal Llanos, exdirectora General de Inteligencia (e) y exsubdirectora de Operaciones, Gustavo Sierra Prieto, exsubdirector de Análisis, Fernando Alonso Tabares Molina, exdirector General de Inteligencia, una aserie de actuaciones irregulares.
Dentro de estas actuaciones se detectó: “La recolección de información a través órdenes verbales y misiones de trabajo utilizando fachadas que generaron la utilización de recursos humanos, técnicos, económicos, compartiendo en reuniones los resultados logrados por los funcionarios adscritos a cada dependencia en cuanto a la tarea y rol de acuerdo a sus funciones y posterior entrega de la información reservada a la Presidencia de la República”.
De igual forma, señaló la Fiscalía que presuntamente desde el año 2006 Andrés Peñate ordenó la obtención de información de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en marzo de 2007 adoptó con Romero Sánchez y ordenó la operación secreta denominada plan de trabajo "escalera" que consistió en la expedición de misiones que llevaron a penetrar al alto tribunal, siendo reclutados e inscritos empleados de la misma Corte como fuentes humanas hasta el mes de mayo de 2009.
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“Utilizando recursos públicos en gastos administrativos y operativos por la obtención de actuaciones penales, registros en audio como resultado de las grabadoras que fueron instaladas al interior de la Sala de Casación Penal y la Sala Plena de la Corte, donde se grabaron sesiones y discusiones que eran reservadas; la información fue incorporada en informes de inteligencia, transliterada y valorada en documentos de gastos reservados en el DAS con el aparente viso de legalidad que recubrió el acopio y el pago por la información a través de una fachada que se originó de otro blanco misional”, agregó la Fiscalía.
