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La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia le negó la libertad a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz y por ello, deberá seguir presa mientras avanza el juicio en su contra como pieza clave en el entramado de corrupción de Gestión del Riesgo.
La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, seguirá en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
En la decisión adoptada por los magistrados Hugo Quintero Bernate, Gerardo Barbosa Castillo y José Joaquín Urbano Martínez quienes negaron un una tutela instaurada por la la exfuncionaria.
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El alto Tribunal confirmó la decisión de primera y segunda instancia y ratificó que la imposición de la medida era procedente porque la misma era “idónea, necesaria y proporcional para garantizar la comparecencia de (Sandra Ortiz) al proceso penal, preservar la integridad del material probatorio y proteger a la comunidad, cumpliéndose con ello los fines constitucionales”.
La Corte no acogió los argumentos de Sandra Ortiz quien alegó que las decisiones proferidas por los Juzgados 3° Penal Municipal con Función de Control de Garantías y 21° Penal del Circuito de Conocimiento, el 18 de diciembre de 2024 y 24 de enero de este año, en primera y segunda instancia, respectivamente, a través de las cuales se le impuso la referida medida de aseguramiento, “se fundaron en apreciaciones de carácter subjetivo, derivadas de una interpretación errónea de la estructura típica y dogmática de los delitos, en particular del lavado de activos.
Los magistrados de la Corte Suprema llamaron la atención e indicaron que “la acción de tutela no puede ser entendida como una tercera instancia a la que las partes o intervinientes acceden cuando los jueces de instancia no acogen una determinada solicitud en determinado sentido. Ello, pues la acción de tutela demás de ser un mecanismo de defensa excepcional y residual no está prevista para hacer interpretaciones propias que deben hacer los jueces naturales”.
La vinculación de Ortiz en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se debe a una serie de pruebas que demuestran su implicación en un esquema de sobornos.
Según la Fiscalía, en octubre de 2023, Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, y luego dicha suma fue transportada y entregada a Iván Leonidas Name Vásquez, entonces presidente del Congreso de la República como parte de un pago de coimas.
Para la Fiscalía, Ortiz habría incurrido en un concurso de conductas punibles, lo que podría derivar en una condena por lavado de activos, el delito con la pena más alta de los que enfrenta.
Este cargo incluye una posible extensión de la sanción debido a otras conductas ilícitas imputadas, las cuales serán definidas por el juez de conocimiento en la audiencia de lectura de sentencia.
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La exfuncionaria deberá continuar detenida en la Escuela de Carabineros de Bogotá y con base la acusación de la Fiscalía se podría exponer de ser hallada culpable a una pena de hasta 10 años de prisión.
Ante esta determinación de la Corte Suprema la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, tendrá que permanecer recluida en la Estación de Policía de Carabineros en Bogotá.
