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Agentes de la Fiscalía General y de la Interpol desmantelaron la más grande red de lavado de activos del ELN que durante 20 años burló a las autoridades y blanqueó dinero del narcotráfico y de la minería ilegal de oro por más de 885.000 millones de pesos.
En el marco de estos operativos fue posible la captura de seis de los integrantes de esta estructura criminal en Colombia y dos más en Argentina.
Se estableció que esta red de lavado delinquía, al menos desde 2005, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas y Cundinamarca, y en la ciudad de Bogotá.
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“En Argentina fueron capturados Harold Ronnie Ardila Urbina y Mayerly Zulay Arévalo, quienes estarían vinculados a la coordinación de corresponsales bancarios y empresas utilizadas para blanquear los recursos ilícitos del ELN”, explicaron los investigadores.
La directora especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Mesa, reportó que en el curso de los operativos fueron incautados con fines de comiso 59 lingotes de oro que superarían en valor los 32.000 millones de pesos, 563 millones de pesos en efectivo, 22.805 dólares y libros de contabilidad de múltiples empresas.
Las pruebas dejaron al descubierto que esta red promovió operaciones en masa por corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá. De esta manera, transfirió 685.000 millones de pesos a diferentes lugares del país ocultando su origen ilícito.
“Gran parte de los abonos identificados en el curso de la investigación presuntamente fueron realizados por ciudadanos venezolanos y superaron en valor los topes establecidos por las autoridades financieras”, indicó la Fiscalía.
También se estableció que los capturados crearon cinco empresas fachada que reportaban actividades en los sectores de las telecomunicaciones, construcción, agropecuario y servicios aéreos, entre otros, para dar apariencia de legalidad a una suma estimada en 83.500 millones de pesos.
“La red creó cuatro compañías de papel para la emisión de facturas ficticias, que simulaban la comercialización de vehículos, la compra y venta de medicinas y la construcción de obras de ingeniería, las cuales sirvieron para dar tránsito a aproximadamente 2.770 millones de pesos”, agregó la Fiscalía.
De manera simultánea, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 33 bienes urbanos y 10 rurales, 4 sociedades, 22 vehículos y 23 establecimientos de comercio, avaluados preliminarmente en 37.000 millones de pesos.
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El director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, Iván Caro, informó que estos bienes fueron ocupados en operativos adelantados en en Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño y Amazonas.
